El procesamiento de dos militares pone fin a la impunidad del Ejército chileno

La negativa de la Corte Suprema a aplicar la ley de amnistía en el caso Carmelo Soria, el español asesinado en 1976 por la DINA, policía-política de Pinochet, sorprendió a todos. Con la resolución de procesar a un coronel y un suboficial del Ejército, por una estrecha mayoría de tres votos contra dos, el alto tribunal actuó en contra de lo que fue su práctica habitual desde 1978, cuando el régimen militar aprobó la ley que ha dejado impunes la mayoría de las violaciones de los derechos humanos.

[El ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, denunció ayer que desde la extrema derecha se intenta agitar a los militares y también hay grupos de ultraizquierda que buscan alterar la tranquilidad en relación al caso Letelier, el asesinato en Washington de Orlando Letelier, ministro de Exteriores del Gobierno de Salvador Allende, informa Efe.]En medio del clima de expectación creado por el próximo fallo definitivo del caso Letelier, en el que están condenados en primera instancia los dos jefes máximos de la IDINA, la señal que entregó la corte es significativa. Muchos jueces, amparados en que la amnistía sólo excluyó el crimen de Letelier, durante años se limitaron a sobreseer los casos en que estaban implicados militares, sin procesar previamente a los responsables.

Ésta era la fórmula que tanto el Ejército como los abogados de derechos humanoscreían que se aplicaría con los militares de la brigada Mulchén de la DINA, que asesinó a Soria. Pero los - jueces decidieron procesar por homicidio calificado al coronel Guillermo Salinas, como autor, y al suboficial José Ríos, como cómplice, ambos retirados del Ejército, y no hacerlo con tres coroneles -entre ellos Jaime Lepe, muy cercano a Pinochet- miembros de esa brigada.

La corte eligió procesar a los militares retirados y no a los activos. Rechazó declarar reos a los ex jefes de la DINA y entregar al estadounidense Michael Townley, ex agente de este organismo, en cuya residencia fue asesinado Soria.

El abogado de la familia Soria, Alfonso Insunza, afirmó que la importancia del fallo reside, justamente, en que el tribunal rechazó aplicar la amnistía, como pidieron los abogados de los militares. [En Madrid, el Gobierno español expresó su "satisfacción" por la sentencia, que considera un importante paso para que se haga justicia"].

El general Fernando Torres, auditor general del Ejército, admitió que le sorprendió el fallo. "No me lo esperaba, por que la amnistía y la prescripción son dos hechos notorios en el proceso" dijo el militar.

Insunza estudia apelar ante el juez instructor, Heliodoro Ortiz, para que Townley declare por exhorto en el proceso, puesto que en su reciente testimonio en Italia por el atentado de la DINA contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton aportó nuevos datos.

En declaraciones contradictorias, los magistrados han dicho que la resolución sobre las apelaciones de ambas partes a las condenas de siete y seis años de prisión para el ex jefe de la DINA, el general retirado Manuel Contreras, y el ex jefe de operaciones de ese organismo, el brigadier Pedro Espinoza, puede ser hoy, el lunes o hasta el miércoles.

Al explicar el malestar de los generales del Ejército sobre el caso Letelier, que se reunieron dos veces esta semana para demostrarlo, Torres dijo que proviene "de haber convertido un hecho jurídico en un hecho político". El Ejército ha procurado sin éxito hasta ahora generar un diálogo con el Gobierno que le dé garantías sobre los alcances de la resolución. A los militares les preocupa que a partir del fallo se desate un juicio histórico al Gobierno de Pinochet.

Por otra parte, las declaraciones a la cadena estadounidense Univisión del ex agente de la DINA Oswaldo Romo quien admitió las torturas aplicadas a los detenidos y dijo no estar arrepentido, provocaron nuevas reacciones. Univisión censuró parte de lo que afirmó Romo ante las cámaras: cortar con tenazas los dedos de un prisionero para saber si estaba vivo o sacarle los ojos. En una repercusión inesperada de su testimonio televisado, su abogado renunció a defender al torturador.