Privatizaciones y proyectos fantasma

El chapuzón se encareció con el PP. A más de un jubilado se le terminó de blanquear el pelo a finales de enero al observar que tenía que pagar el doble que de costumbre para poder hacerse los mismos largos de siempre: el precio de las piscinas creció un ciento por ciento, de 400 a 800 pesetas. Fue un ejemplo de las subidas de precios aplicadas por el equipo que durante cuatro años encabezó José Gabriel Astudillo. La filosofia detrás de estas medidas es que el ciudadano -y no el Ayuntamiento- pague por lo que usa.Pero los aumentos de precio en los polideportivos municipales -hay 46 en total- no disuadieron al público: en 1993, aun con incrementos de hasta un 150% en las tasas, aumentó un 3% la aflunencia de usuarios -15.448.788 asistencias, 639.000 más que en 1992-

La reducción del gasto fue una de las banderas enarboladas por los gestores del Ayuntamiento -el IMID (Instituto Municipal de Deportes) ha reducido este año su presupuesto en un 25%, hasta los 7.500 millones-. Los más liberales contemplaron la medida con agrado. Pero la reducción de gastos también tuvo su cara oculta: unas quinientas canastas callejeras -del programa Baloncesto en la calle- siguen pudriéndose a la espera de un patrocinador.

Las privatizaciones fueron el otro caballo de batalla del equipo popular: en cuatro años, la gestión de nueve polideportivos municipales pasó a manos privadas. La primera adjudicación estuvo envuelta en polémica. Desde que se dio prioridad a las federaciones -tenis, kárate- frente a las empresas privadas, el temporal remitió.

Hubo un par de proyectos fantasma. Como el del Palacio de Hielo, una idea lanzada en agosto de 1992 que aún permanece congelada. El Ayuntamiento patinó: lo adjudicó a una aficionada a los deportes de invierno, recibió críticas por todos los flancos y, al mes, rectificó. La supuesta falta de solvencia de la adjudicataria forzó una marcha atrás en la adjudicación. También se frustró la conversión del canódromo de Carabanchel en velódromo. El Ayuntamiento de Madrid, dueño del edificio, se gastó cerca de mil millones en unas obras que siguen paralizadas a la espera de 800 millones. "Tenemos el mejor velódromo del mundo y nadie lo puede acabar", decía indignado hace dos meses Juan Serra, presidente de la Federación Nacional de Ciclismo.

Tampoco faltaron los momentos de bochorno. La sensación de ridículo se apoderó de Madrid allá por el mes de marzo, cuando la capital se entregó en vano a una lucha por arrebatarle a Barcelona el récord de participación en una carrera popular. Alrededor de 95.000 madrileños -las cifras son confusas se calzaron las zapatillas y se pusieron el chándal un domingo por la mañana con la idea de batir el récord del Guinness. Pero, craso error, los organizadores olvidaron solicitar a la Policía Municipal los datos de participación, una condición imprescindible para la validez de la marca. El Ayuntamiento acabó reclamando los dos millones entregados a la empresa organizadora. Y la directora del Guinness en España, asegurando que se había utilizado el nombre del libro de los récords sin su consentimiento.