John Major impide la investigación de la financiación de los partidos

La buena acogida general obtenida por el informe Nolan sobre la salud moral de la vida pública británica no ha impedido que la fijación de los siguientes objetivos del grupo de expertos haya provocado un agrio debate entre los partidos políticos británicos Mientras el Partido Laborista re clamaba la urgente necesidad de que el juez Michael Nolan y sus nueve colaboradores hincaran el diente a la espinosa cuestión de la financiación de los partidos, el Gobierno ha dado carpetazo a la polémica anunciando este fin de semana que el trabajo de la comisión no seguirá ese camino.El juez Nolan, en una entrevista televisada, había reconocido ya que carecía del mandato necesario para lanzarse a una investigación a fondo sobre el tema. Opinión reforzada por el propio Gobierno" que ha dejado muy clara su intención de no darle carta blanca en estas materias. Un portavoz del Ejecutivo negó ayer que esta negativa se deba a los deseos del Partido Conservador de mantener este punto en secreto; "simplemente, no es un tema para la comisión Nolan". No obstante, lord Thonison of Monifieth, uno de los integrantes del equipo de Nolan, ha manifestado que, a su juicio, la investigación de los dineros de los partidos estaba en el espíritu del trabajo de la comisión.

El presidente del partido tory, Jererny Hanley, insistió ayer en que el tema de la financiación de los partidos "ya ha sido investigado por un comité parlamentario que elaboró un amplio informe al respecto". Hanley acusó a los laboristas de insistir en que Nolan aborde esta cuestión «para distraer a la comisión de otros asuntos, como los relativos al funcionamiento de los ayuntamientos", la mayoría de ellos controlados por los laboristas.

Examinar la conducta

Al término de su trabajo de investigación en la vida pública británica, la comisión Nolan, creada por el primer ministro John Major en octubre pasado, a raíz de descubrirse varios casos de corrupción en las filas conservadoras, hizo público un documento lleno, de propuestas para evitar que tales conductas puedan repetirse entre los cargos públicos. Entre ellas destaca la creación de la figura de un "auditor" del Parlamento procedente del exterior, capaz de examinar la conducta de los diputados; además, Nolan propone la implantación de una cuarentena, de dos años, a la que deberían someterse los ministros antes de ocupar puestos en la empresa privada.

A este paso el único material disponible para una investigación en profundidad que le queda a la comisión Nolan es la francmasonería. Un objetivo anunciado ya por el grupo de diez personalidades que integran la comisión. Desentrañar la maraña de miembros que pertenecen a esta sociedad semisecreta se ha probado además como un tema que no levanta polémica. 0 al menos no en esferas esenciales de la vida pública del país.