Anarquía en las comunicaciones por cable

De las 43 leyes que George Bush vetó durante sus cuatro años de presidencia de los Estados Unidos, lo único que el Congreso no le toleró fue el veto a la ley del cable. En 1992 se promulgó una regulación del cable que la Casa Blanca no quería poner en vigor. Siete semanas después de la prueba de fuerza, Bush perdió las elecciones y Clinton heredó un problema: los operadores del sector presionan ahora para echar abajo esa ley reguladora.Sin necesidad de comparar a España directamente con Estados Unidos, el caso ilustra la potencialidad explosiva de las comunicaciones por cable. En plena campaña electoral ha estallado una bomba política que debilita el apoyo de Convergéncia i Unió a Felipe González, porque el equipo de Jordi Pujol ha hecho de la ley del cable algo así como una cuestión de Gabinete.

A ello se une el hecho de que muchas autoridades locales se han lanzado a convocar licencias de cable por su cuenta. La reacción del Ministerio de Obras Públicas, que dirige José Borrell, no ha conseguido otra cosa que aplazar un poco las decisiones en los municipios controlados por los socialistas (casos de Barcelona o del Móstoles madrileño). En otros que están fuera del control del PSOE, los ayuntamientos ni siquiera han convocado concursos: se han metido ellos mismos en el negocio.

El problema se centra en que el Gobierno socialista quiere una organización estatal de las telecomunicaciones. La Generalitat de Cataluña, en cambio, exige pleno dominio sobre la organización del cable en su territorio. Y los ayuntamientos entienden que el poder de dar licencias reside en ellos. Como la ley reguladora está bloqueada en el Congreso, y dado que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede prohibir la televisión por cable, la anarquía está servida.

El conflicto

El ministerio de Obras Públicas, que ha atacado a la Generalitat en este asunto, se muestra más prudente con las iniciativas municipales. Ahora dice: bien, los ayuntamientos pueden conceder licencias de cable; pero ese cable sólo puede usarse para ofrecer televisión, porque cualquier otro servicio de telecomunicación es competencia del Estado.

Sabe el Gobierno, como lo saben todos los que aspiran a entrar en el sector, que nadie invierte en una red de alta tecnología (que incluya cableado de fibra óptica) sólo para añadir algún canal más de televisión á la oferta de la que ya disponen los ciudadanos. Así que la rentabilidad de la inversión depende de que el cableado pueda usarse para servicios más avanzados: telebanco, telecompra, vídeo bajo demanda, juegos interactivos y, sobre todo, telefonía.

Algunos norteamericanos, que han montado cabezas de puente en España, no están inte resados sólo en la televisión. Si pudieran, repetirían aquí, a mayor escala, lo que en el Reino Unido han hecho US West -una de las grandes compañías regionales de teléfonos de los Es tados Unidos- y TC1 -la principal cableoperadora norteamericana- Al calor de la liberalización británica, ambos opera dores se lanzaron a dar televisión y telefonía por cable, algo que TC1 no puede hacer aún en su propio país, a causa de la ley mencionada al principio.

En España se saben todos de memoria la lección británica. El monopolio de Telefónica dejará de serlo dentro de dos años y medio. Sus fuertes inversiones en cableado de fibra óptica coinciden con la voluntad gubernamental de reservar a Telefónica una de las dos licencias de operador de cable que -según el proyecto de ley- habrá en cada demarcación territorial. Y a ello se suma el proceso de privatización de la compañía. La entrada inminente del BBV y del BCH en su accionariado supone sumar. apoyos.

Mientras tanto, los alcaldes animan a los inversores. Al socialista Pasqual Maragall le han dicho desde el ministerio de Borrell que no están de acuerdo con el concurso que ha convocado para Barcelona. Se trata de autorizar una red de servicios avanzados y eso es competencia del Gobierno, según Obras Públicas. En el tira y afloja se ha llegado a establecer la siguiente distinción: de acuerdo en el servicio de televisión por cable; pero no se pueden dar permisos municipales para los demás servicios avanzados.

ENDESA, en cabeza

Mientras los políticos se apoyan en tales sutilezas jurídicas, el emplazamiento de la Unión Europea para liberalizar las telecomunicaciones ha disparado una carrera entre fuerzas muy poderosas, que toman posiciones a toda velocidad para que, cuando llegue el momento del armisticio -es decir, cuando por fin haya una ley-, todos hayan disparado los tiros suficientes como para que sea difícil desalojarles del terreno ocupado.

Sólo así se entiende que poderosas entidades financieras, como el Banco Santander; ENDESA, que es la principal fuente de beneficios del grupo público Teneo; grandes compañías norteamericanas (Time Warmer, TC1, UIH, US West); y algunas empresas españolas de comunicación, principalmente Multitel -presidida por Eugenio Galdón, el consejero delegado de la COPE-, se encuentren en pleno trenzado de un conjunto de alianzas y acuerdos de principio para estar presentes en ese mercado.

El tirón de las compañías eléctricas es particularmente importante. Tienen instalados muchos kilómetros de fibra óptica para uso interno, que seguramente podrán utilizar, pero además se han lanzado a la carrera de los nuevos consorcios. Un portavoz del grupo público ENDESA -el más potente- ha asegurado que entrará en el negocio del cable "allí donde tengamos empresa". Su. proyecto implica también a las demás empresas eléctricas que controla: Electra de Viesgo (Cantabria), Sevillana de Electricidad (Andalucía), Gesa (Baleares), Unelco (Canarias) y otras.

Feliciano Fuster, presidente de ENDESA, es el primer empresario del sector público español y un hombre próximo al PSOE. El partido socialista es débil para sacar adelante la ley del cable, pero él ha tirado por la calle de en medio.