Conde se cree perjudicado por el 'informe Crillon' y dice que García Vargas le informó

Los abogados de Mario Conde han recurrido la resolución del juez del caso Crillon, Eduardo Moner, en la que éste preguntaba los delitos por los que se consideraba perjudicado el ex presidente de Banesto antes de decidir si podría personarse en el proceso. Sin esperar a que se admita su personación, los abogados han presentado un recurso de reforma en el que consideran que "no es el momento- oportuno para responder al requerimiento del Supremo". Aún así, señalan como posibles delitos contra Conde los de malversación, coacciones, prevaricación y privación de derechos de la persona.

[En el recurso, presentado ayer en un juzgado de Guardia de Madrid, los abogados relatan que el ministro de Defensa, Julián García Vargas, dijo a Mario Conde en otoño de 190 que Luis Roldán le había comunicado la existencia del informe, supuestamente encargado por Narcís Serra, según informa en su edición de hoy el diario Abc. En aquella época, la esposa de García Vargas, Araceli Pereda, era colaboradora de Mario Conde como responsable de la Fundación Banesto.]

Los abogados de Conde protestan en su recurso ante el Tribunal Supremo por que el ex banquero no ha sido admitido como parte en el caso Crillon.

Los abogados de Conde aprecian un posible delito de malversación y otro de coacciones, "que se cometen en cuanto se ordena y ejecuta un informe con datos personales y profesionales de una persona, con el propósito de conseguir someterla en el futuro a determinadas imposiciones".

Del mismo modo, añaden que no cabe duda que el informe fue "preparado, elaborado y entregado para impedir eventualmente a la víctima del mismo el ejercicio de derechos políticos en su país o frustar sus planes para el desenvolvimiento del grupo financiero e industrial que presidía".

También aprecian un delito de prevaricación por creer "injusta, grosera y torcida la decisión de utilizar fondos públicos para pagar investigadores privados a fin de conocer las actividades profesionales y privadas de un ciudadano".

El recurso relata que en diciembre de 1993 el vicepresidente de JP Morgan, Roberto Mendoza, informó a Mario Conde de que representantes de la agencia Kroll, que elaboró el informe Crillon, obtuvieron una entrevista con los más altos niveles del banco norteamericano con el propósito de informarles de determinados hechos que conocían sobre el entonces presidente de Banesto.