La juez de Alicante se inhibe a favor de Carlos Bueren en el 'caso Lasa-Zabala'

El juzgado de Alicante que investiga los restos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que continúe con la investigación. Carlos Bueren, titular del juzgado número 1 de la Audiencia, recibe así todas las competencias para instruir este sumario, pues también se inhibió el juzgado de San Sebastián. La titular del juzgado número 2 de Alicante, Carmen Menárquez, ha comunicado ya a todas las partes su decisión.

El motivo aducido por Menárquez es que existen serios indicios de que fuese una organización armada quien cometiera el doble asesinato. Al inhibirse, queda sin efecto su autorización para que los restos de los presuntos etarras pudieran ser trasladados a Tolosa (Guipúzcoa), su localidad natal, para su entierro. Desde el pasado 27 de marzo, y después de que un informe policial determinara que los restos encontrados en la localidad alicantina de Busot en 1985 podían pertenecer a Lasa y Zabala, éstos se encuentran en el Instituto de Toxicología de Madrid.Bueren no autorizará el traslado hasta que se consozcan los resultados de las últimas pruebas del Instituto Nacional de Toxicología. Además, no se espera que el sumario llegue a la Audiencia hasta, al menos, el jueves. Ahora queda a las órdenes del juez Bueren el equipo de agentes designado por el Ministerio del Interior para aclarar el caso y que trabajaba hasta ahora para la juez de Alicante.

Gestoras Pro-Amnistía y la Asociación de Familiares de presos de ETA, Senideak, tenían previsto ofrecer el sábado en Tolosa un homenaje a los dos activistas presuntamente asesinados por miembros del GAL. Las organizaciones abertzales planeaban acompañar a las familias de los dos activistas a Madrid para trasladar sus féretros hasta Tolosa. Todos los actos de. homenaje fueron suspendidos tras la decisión del juzgado de Alicante.

La Audiencia Nacional, por otra parte, dictó ayer orden de prisión provisional para los cinco jóvenes detenidos por su supuesta pertenencia a los comandos Y de apoyo a ETA. El juez Ismael Moreno les imputa un presunto delito de colaboración con banda armada. En su declaración, sólo uno de los cinco detenidos, Juan Antonio Figuereido, de 24 años, admitió haber participado en un atentado contra la Casa del Pueblo del PSOE en un barrio de San Sebastián. Según las investigaciones, los otros cuatro jóvenes formaban un talde (grupo) para realizar acciones de sabotaje.

Ayer fueron puestos en libertad dos de los tres jóvenes detenidos el fin de semana en el barrio donostiarra de Soraluce cuando manipulaban un artefacto. El tercero está hospitalizado en estado muy grave.