Los aduaneros hacen huelga para que se les reconozca la condición de policía judicial

Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) fueron ayer a la huelga para reivindicar su condición de policía judicial, que les niega el proyecto de ley de Contrabando. Según los convocantes, CSI-CSIF (Confederación de Sindicatos Independientes y de Funcionarios), casi el 90% de los 1.800 trabajadores del servicio secundaron el paro; mientras que el Ministerio de Economía, de cuya Agencia Tributaria depende el SVA, calificó el seguimiento de "desigual".

Con datos referidos a las diez de la mañana, Economía cifré en el 50% el apoyo a la huelga en los servicios centrales del SVA en Madrid, donde trabajan 230 funcionarios; y en el 38%, su seguimiento en los servicios periféricos, con 1.549 funcionarios. Además, 300 aduaneros, 10 de las 50 embarcaciones y uno de los tres aviones del SVA actuaron como servicios mínimos.Ceferino Trillo, portavoz de la CSI-CSIF, consideró la jornada de huelga un éxito y destacó que, por vez primera, fue seguida incluso por los cuadros directivos del cuerpo, pues la protesta "no persigue objetivos laborales, sino llamar la atención sobre el abandono gubernamental de la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero".

La protesta dejó muy mermada la vigilancia terrestre y marítima, ya que ni la Guardia Civil ni la policía reforzaron sus efectivos. Desde hace unos días, el mercante Orión, que transporta cerca de 60.000 cajas de tabaco procedentes de Miami (EE UU), espera a 500 millas al oeste de las costas gallegas para trasvasar su cargamento a media docena de lanchas rápidas, que se encargarán de descargarlo en las playas de la ría de Arousa.

Ceferino Trillo admitió ayer que los contrabandistas "no son idiotas" y que aprovecharán cualquier oportunidad para meter su mercancía en Galicia, pero agregó que es mejor dejar sin cobertura las fronteras durante un día, que resignarse a trabajar sin competencias y "abandonar la lucha contra el narcotráfico en alta mar, porque no hay nadie que nos pueda relevar". Los aduaneros pretenden modificar la Ley de Contrabando, en tramitación parlamentaria, para que se les reconozca el carácter de policía judicial y de cuerpo de seguridad del Estado; otorgándoles así cobertura legal suficiente en su lucha contra el contrabando y el, blanqueo de capitales.

Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas al proyecto en el sentido reclamado por los aduaneros; pero los socialistas prefieren que sólo se les dé la consideración de policía judicial cuando actúen "a requerimiento" del juez.

El Consejo General del Poder Judicial, en su informe del texto gubernamental, respaldó la demanda de los aduaneros, al igual que los fiscales antidroga, durante su reciente reunión de Toledo.

La huelga de ayer se repetirá el próximo día 10, "si no se abre una mesa de diálogo y se llega a un acuerdo", según el sindicato.

El Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta con un presupuesto anual de 10.000 millones de pesetas y, en 1993, sus actuaciones supusieron ingresos para el Estado por valor de 245.000 millones de pesetas.