El boicoteo del 'pasodoble'

Es poco probable que Telefónica se decida por una música de pasodoble para alguna de sus campañas publicitarias, y menos si es para anunciar tarifas. En el verano de 1979, y en virtud de una división del núcleo urbano de Madrid en ocho distritos telefónicos, llamar de un lado a otro de la ciudad suponía para los abonados madrileños un doble paso (salvo si la llamada se producía a un distrito colindante). Con esta medida, la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) conseguía incrementar el precio del 90% de las llamadas urbanas en casi un ciento por ciento sin que, curiosamente, se modificara el precio del paso. Hacia pocos meses que la Junta Superior de Precios había autorizado una subida de tarifas no superior al 8%.

No se puede negar que se trataba de una idea excelente para incrementar los ingresos de Telefónica sin que los abonados se percataran. Sin embargo, trabajadores de CC OO denunciaron los hechos a una organización de consumidores fundada en 1975 por el abogado madrileño Antonio García-Pablos, la OCU. A primeros de octubre saltaba el escándalo.

Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) iniciaba una campaña con el lema "No al pasodoble telefónico" y aconsejaba a los madrileños no pagar la factura del teléfono como medida de presión, los responsables de la compañía entonces presidida por el ex ministro franquista Tomás Allende y García-Baxter aseguraban que la medida era legal y se amparaban en un decreto del Ministerio de Gobernación dictado 10 años antes. La Telefónica calificó las protestas de boicoteo y sabotaje y amenazó con cortar masivamente las líneas a los usuarios que siguieran los consejos de la OCU. Para demostrar que las amenazas eran ciertas, los primeros en sufrir las represalias fueron el presidente García-Pablos, el vicepresidente de la organización, Carlos Sánchez-Reyes, y el resto de la junta directiva.

Marcha atrás

Aunque Madrid fue una de las primeras ciudades donde se implantó el doble paso, no fue la única. Alicante, Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Málaga, Murcia, Oviedo, Avilés, Vigo, Santa Cruz de Tenerife y Bilbao se vieron afectadas por la medida. "La polémica aparecía todos los días en la prensa y el Gobierno se vio obligado a intervenir", cuenta Sánchez-Reyes. El entonces ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, pide un informe a la Junta Superior de Precios y el dictamen del Consejo de Estado. Éste fue contundente: Telefónica había modificado sin autorización las tarifas urbanas, que son el resultado del precio del paso y del número de éstos que se contabilizan por fracción de tiempo según el tipo de llamadas", explica Sánchez-Reyes. El 19 de octubre de 1979 EL PAÍS titulaba: "Los usuarios fuerzan la marcha atrás del Gobierno"; y el 28 de diciembre de ese mismo año recogía la noticia de que "Telefónica devolverá lo cobrado por el doble paso". No era una inocentada. La prensa extranjera se llegó a hacer eco del escándalo.

En 1980, la Telefónica cumplió la orden del Gobierno y devolvió 1.500 millones de pesetas a los abonados, descontando los informes correspondientes de las facturas. Según cálculos de la OCU, los usuarios habían conseguido ahorrarse al eliminar el doble paso 9.000 millones de pesetas anuales de hace 17 años. David había ganado a Goliat. Fue el primer gran triunfo de una asociación de consumidores en España. El pasodoble volvía a ser tan sólo un baile.