Futuro de Telefónica

LA DECISIÓN adoptada ayer por el Consejo de Ministros de privatizar el 12% de Telefónica ha puesto fin a una larga y tensa polémica sobre el futuro de una de las empresas más emblemáticas con participación es tatal (el Estado controla en estos momentos el 32%). Y no por esperada la decisión deja de tener importan cia: es el resultado definitivo -y salomónico- a las discusiones mantenidas por los ministros económicos. A saber: el de Economía, Pedro Solbes, quería vender este año un 15%; el próximo, un 10%, y antes xim de 1998, el resto. El de Transportes, José Borrell, sólo quería que se privatizara un paquete inferior al 10%, sin adoptar compromisos para el futuro e insistiendo en que el Estado debe mantener tanto el control como la gestión. El resultado ha sido el ya conocido: privatización del 12% a corto plazo sin un calendario para futuras ventas. El Gobierno tiene razones de peso para agilizar esta operación. El presupuesto de 1996 será el más restrictivo desde que gobiernan los socialistas, según anuncia González. Y no faltan voces en el Gobierno que piden un ajuste adicional en el gasto público de este año para reducir la prima de riesgo con que los mercados financieros castigan a nuestra deuda pública. Elevaciones adicionales en los tipos de interés a largo plazo absorberían parte de los ingresos extraordinarios que se tratan de generar mediante algunas de las privatizaciones. Reducir el déficit público es, por tanto, de máxima prioridad. En esto sí están de acuerdo los ministros. El 12% de Telefónica vale hoy en el mercado 180.000 millones.

Pero a las manifiestas disensiones entre ministros se añade la confusión generada por la naturaleza y finalidad de ese novedoso y selecto grupo de accionistas bancarios -BBV, Argentaria y La Caixa- que configuran eso que se ha dado en denominar núcleo duro, a tenor de una participación accionarial en la compañía estimada en torno al 7,5%. La nueva venta va destinada principalmente a estas entidades.

Más allá de eventuales ventajas financieras, no es fácil deducir, con la información disponible, si serán esos accionistas bancarios los que se hagan con el control de la empresa. Tampoco queda clara su compatibilidad con las necesarias alianzas estratégicas con compañías extranjeras para disponer de algo probablemente más necesario aún que el supuesto apoyo financiero como es una capacidad tecnológica suficiente para sobrevivir con éxito en un mercado ya global.

Son aspectos que los accionistas actuales necesitan conocer con el suficiente detalle. Y también todos los ciudadanos en tanto que contribuyentes. Si cualquier enajenación de activos públicos tiene que verse justificada por mejoras de la eficiencia empresarial, en el caso de Telefónica el celo ha de extremarse. Su trascendencia no deriva únicamente de su envergadura económica -la capacidad de inversión anual excede el medio billón de pesetas-, sino de ser una pieza estratégica de primer orden en el desarrollo tecnológico en un sector que articulará una parte muy significativa de la actividad económica y del progreso técnico en el futuro.

El acierto de la compañía a la hora de definir y concretar sus inversiones en el exterior, particularmente en Latinoamérica, ha de tener correspondencia en una sólida alianza estratégica de la matriz, de la que salga fortalecida su capacidad para asegurar que España no pierde el tren del gran proceso de, transformación de las telecomunicaciones. Más importante aún que los 180.000 millones de pesetas de esta venta parcial de Telefónica es garantizar que se avanza de forma efectiva en la racionalización del sector público.