ETA no es el problema
Es pero que se me entienda. ETA no es un problema de la democracia española. ETA es un obstáculo inmenso para poder dar respuesta a lo que sí es un problema histórico de nuestro proceso de constitución de un sistema democrático: la integración de los nacionalismos vasco y catalán en el sistema político español. Sin este telón de fondo, el terrorismo de ETA sería una amenaza para la convivencia, como lo es todo terrorismo, pero nada más. Basta comparar las recientes declaraciones de Pujol y Duran Lleida respecto del enfrentamiento PP-PNV con las de los demás líderes de partidos nacionales para comprobarlo. Igual que las del obispo de Tarragona con las de los demás obispos.No es de terrorismo, por tanto, de lo que se está discutiendo. O mejor dicho, no sólo de terrorismo. ETA lleva ya algún tiempo sin distinguir entre ertzainas y guardias civiles. ETA ha matado a Gregorio Ordóñez, como mató en su día al senador Casas, equiparando de la única manera que sabe hacerlo el PP de los noventa con el PSOE de los ochenta. Y es verdad que ha intentado matar a Aznar, pero parece que también pretendía hacer lo mismo con Atutxa. De ETA no se libra nadie. Esto no es discutible y, por tanto, no puede ser objeto de discusión entre gente razonable en pleno uso de sus facultades mentales.
La crisis que se ha abierto en el consenso sobre la política antiterrorista no tiene, por tanto, su origen en las acciones de ETA, sino que hay que enmarcarla en el debate abierto tras el 64 de 1993 sobre la participación de los nacionalismos en la dirección del país. Si el PSOE hubiera optado por una alianza con IU, es seguro que esta crisis no se habría abierto. Habríamos tenido otras de otra naturaleza. Pero no ésta.
La razón última de la ruptura de hecho del Pacto de Madrid y de la Mesa de Ajuria Enea es la convicción del PP de que, al menos a corto plazo, no va a poder contar con el concurso de los nacionalismos vasco y catalán para su proyecto de dirección política del país y de que, en consecuencia, tiene que hacer pagar al PSOE en todas partes y en todos los terrenos el apoyarse en los nacionalistas para gobernar España.
Recuérdese que, no por casualidad, las primeras escaramuzas de la ruptura del consenso antiterrorista se produjeron después de las elecciones europeas del año pasado en torno a la política de reinserción, presentada por el PP, contra toda evidencia empírica, como una cesión de un Gobierno débil a las exigencias del PNV. Recuérdese que el PP se quedaría solo en su denuncia entre los firmantes de los pactos antiterroristas, pero "acompañado de muchos ciudadanos", como declaró con fruición Rato, indicando de manera inequívoca en qué dirección se movían. A partir de ese momento se abrió una grieta que todavía no se ha cerrado. Y no sólo el PNV o el PP han tenido comportamientos difícilmente encajables en una política antiterrorista unitaria. Pues no se puede olvidar que IU ha votado con HB en el Parlamento vasco. Y el desbarajuste puede ir a más.
La política antiterrorista se ha introducido en el debate político general. Es un elemento más en la pugna por definir la, agenda política. Como los partidos nacionalistas juegan un papel determinante en esa pugna, es sobre ellos sobre los que está recayendo una parte importante de la presión. De ahí, que la reacción del PNV haya sido la que ha sido. Pero también la de CIU. Y Catalunya ha sufrido el terrorismo etarra de una manera desproporcionadamente alta, se podría decir. Es la propia legitimidad del nacionalismo para participar en la política española lo que se está cuestionando. Y esto es, potencialmente, una amenaza mucho más grave que la que puede representar ETA.
