Chantajes de Obiang

LO MÁS importante de la sentencia dictada por el tribunal de Malabo contra Severo Moto, el principal líder de la oposición guineana, es que no ha impuesto finalmente una pena irreparable, la de muerte. Moto seguirá con vida, y cabe esperar que las gestiones diplomáticas consigan, ojalá que pronto, su puesta en libertad. Aparte de ese dato, nada en este proceso merece ser tomado en serio. Baste saber que el tribunal estaba formado por colaboradores y familiares del propio Obiang para comprender que ese acto presuntamente judicial era una farsa.Si el propósito inicial era aterrorizar: a la oposición con ejecuciones públicas y penas ejemplarizantes, Obiang tuvo que dar marcha atrás, es de suponer que debido a la reacción de la opinión pública internacional, especialmente la española. Pero los principales objetivos de Obiang en relación con las elecciones han sido cumplidos. Esto resulta indignante, pero debe proclamarse con claridad.

El proceso ha sido una farsa mal escenificada. Lo que cuenta es la voluntad de Obiang. A este respecto, el dictador no pretende engañar a nadie. No hizo siquiera un esfuerzo especial por dar al proceso apariencia de legalidad. Tal como están las cosas, lo único que le queda al Gobierno español es presionar, con las formas de negociación más adecuadas, para obtener la liberación (le Moto. Todo indica que la diplomacia española no ha esperado y que ya ha iniciado en París las conversaciones con el número tres del régimen de Obiang, Anatolio Ndong, con vistas a buscar una solución que permita a Moto salir de la cárcel.

El Gobierno español no puede ignorar los riesgos de esta política de simular, por el bien del prisionero, que considera interlocutor bien intencionado a Obiang. Éste ha creado ya las condiciones para manejar a su antojo las elecciones. El objetivo de salvar a Moto explica la moderación del tono de las respuestas españolas a las provocaciones del dictador. Pero, una vez evitado lo peor, habrá que hacerle comprender que España no cederá a sus chantajes. Porque Obiang siempre ha sabido tener algún contencioso abierto con España -como el del sargento Mikó, al que tanto partido sacó- para exigir compensaciones a cambio de no cumplir sus amenazas.

La ayuda económica se limita actualmente a la humanitaria en el terreno de la educación y la sanidad. Toda concesión adicional, política, diplomática o comercial, será imposible mientras aquel régimen no dé muestras claras de querer evolucionar desde la satrapía personal hacia un Estado mínimamente legal y decente.