Un impuesto sobre el agua para luchar contra el paro

El director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el aragonés Domingo Jiménez Beltrán, se llevó una gran sorpresa al poco de instalarse en Dinamarca. El agua potable no sólo es más cara que en España, a pesar de que allí abunda, sino que la facturan muy por encima del coste de depurarla, tratarla y reciclarla."Eso significa", dice Jiménez Beltrán, "que manejan criterios mucho más avanzados de los vigentes en otros países. Ya no se trata de que quien contamina paga o de que quien usa los recursos debe pagar el coste de mantener un desarrollo sostenible". El agua en Dinamarca, como la gasolina o el tabaco, está gravada con un impuesto, pero no uno cualquiera, sino un impuesto finalista, cual es el de financiar las políticas de empleo: el paro.

Dinamarca, evidentemente, no es España. "Sólo países pequeños como como ése, con unas sociedades fuertemente cohesionadas, son capaces de hacer tales cosas. En teoría, los impuestos no están vinculados a un gasto específico. Esta originalidad propia de Dinamarca sería muy complicado trasladarla a España", afirma Antonio Pérez Embid, experto en derecho de aguas y también aragonés.

Pérez Embid, como otros muchos expertos y los ecologistas, no va tan lejos. Se conforma con "repercutir lo máximo posible el coste real del servicio en las tarifas y no cargarlo a los presupuestos de los ayuntamientos". Sobre la posibilidad de aplicar un precio al agua -hasta ahora sólo se paga el coste de transportarla y tratarla- hay división de opiniones. Pérez Embid lo condiciona si se hacen exenciones. Que la paguen, sí, los abastecimientos urbanos, centros recreativos y turísticos, campos de golf y parques acuáticos, pero no los agricultores.