Confesión a punta de pistola

NO TIENE ninguna credibilidad la sorprendente aparición por radio y televisión de Severo Moto, líder del opositor Partido del Progreso (PP) ecuatoguineano, para pedir clemencia al presidente Teodoro Obiang y aconsejar a su propio grupo político una estrategia que no hace sino beneficiar a su enemigo. No sería justo cargar esta confesión en el debe a Moto, que cumple condena en una cárcel siniestra por dos delitos que no lo son y que está amenazado con otro juicio por un fantasmal intento de golpe de Estado que podría costarle la vida. Quienes mejor le conocen -su esposa, Margarita, y su lugarteniente, Armengol Engonga Ondó- dan por seguro que esa extraña profesión de arrepentimiento es resultado de la coacción, de una simbólica pistola puesta en la nuca de un hombre que tiene motivos sobrados para temer por su vida. Obiang es un dictador cerril, enconado y astuto, capaz de resistir muchas presiones, incluidas las de la antigua potencia colonial, España, para perpetuarse en el poder. Sus promesas de democratización, que Felipe González pareció creer en 1991 cuando visitó Malabo, nunca han superado la más mínima prueba de autenticidad. Pese a sus denuncias de que desde Madrid se apoya un golpe para derribarle, sabe perfectamente que el Gobierno socialista no se plantea el meterse en tan azarosa aventura y que las únicas armas con las que se le amenaza son las de la denuncia pública, la condena de las violaciones de los derechos humanos y la suspensión de la ayuda económica.

Son ya numerosas las voces que exigen a González que suspenda toda asistencia a Guinea en un intento a la desesperada para que Obiang entre en razón. Pero esos llamamientos olvidan un dato fundamental: que el importe de esa cooperación pasó de 1.900 millones en 1993 a 950 millones en 1994 y 1.250 millones en este año; que no hay ya ninguna asistencia a organismos oficiales (ni becas a militares), y que tan sólo se mantienen los programas humanitarios, incluyendo los educacionales, canalizados a través de organizaciones no gubernamentales. Si también se suspendieran estos proyectos, la suerte de Moto no tendría por qué mejorar y las posibilidades de Obiang de seguir en el poder no disminuirían, pero muchos ecuatoguineanos se quedarían sin escuela o sin asistencia médica. Tal eventualidad puede que no preocupe al dictador, pero no debería dejar indiferente al país que administró la colonia hasta su independencia, en 1968.

El Gobierno español está oficialmente comprometido con la democratización en Guinea. Incluso hubo algún momento, en 1991, en que parecía posible que controlase una transición ordenada hacia ese objetivo. La expulsión, dos años más tarde, del cónsul en Bata fue el símbolo del fin de esa esperanza. Desde entonces se apoya a la oposición democrática, cuyo máximo representante es Moto. Éste tiene sólidos lazos con las fuerzas políticas españolas. Tal vez pensé que esas relaciones le servirían de protección cuando regresara a su país. Se equivocó, y ahora arriesga una condena injusta y tal vez la vida.

Resulta desesperante contempla cómo Obiang rechaza casi despreciativamente las peticiones de clemencia que le llegan del Gobierno, del Rey o del jefe de la oposición españoles. Pese a todo, no hay que desdeñar la influencia que estas iniciativas o los titulares de prensa con los que se desayuna cada mañana puedan tener sobre el hombre en cuyas manos está el destino de este pequeño país de poco más de 300.000 habitantes. De su inteligencia depende que logre evitar un destino como el de su tío y antecesor en el cargo, Francisco Macías, al que él mismo derribó y que terminó sus días ante un pelotón de ejecución.