Roldán provocó con su fuga la obtención de pruebas que pueden costarle una condena de más de 30 años

"Cuando Roldán se fugó sólo teníamos contra él pruebas de un delito fiscal cometido en 1988", admiten fuentes de la investigación. Aunque ya en aquella fecha, 29 de abril de 1994, se acusaba al ex director de la Guardia Civil de malversación y cohecho, las mismas fuentes reconocen que se trataba entonces de poco más que sospechas de comprobación harto improbable. Los nervios jugaron una mala pasada a Roldán, que, con su huida, permitió la adopción de medidas excepcionales que han facilitado la obtención de las pruebas que ahora se acumulan en su contra.

Pese al escándalo causado por las revelaciones que se conocieron en la comisión Roldán del Congreso, cuando la juez Ana Ferrer citó al ex director de la Guardia Civil, el 27 de abril pasado, sólo pensaba comunicarle la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. Poco más podía hacer con los datos de que disponía.Fue precisamente la fuga de Roldán la que justificó que se dictase una orden de búsqueda y captura y que se adoptasen medidas excepcionales, como el pinchazo de numerosos teléfonos o la prolongación del secreto sumarial durante 11 meses. Medidas que en circunstancias normales no se habrían podido justificar y que venían amparadas porque la investigación sobre el patrimonio del ex director general de la Guardia Civil se mezclaba con las pesquisas dirigidas a su localización.

De hecho, en el momento en que Roldán llegó a España, el 28 de febrero, se levantaron tanto el secreto sumarial como las intervenciones telefónicas.

La demostración de que Roldán cobró comisiones por la adjudicación de obras de la Guardia Civil, que el Congreso dejó sentenciado en su dictamen unánime, tropezaba con dos obstáculos aparentemente insalvables: el silencio de los constructores, que se autoinculparían de reconocer el pago de comisiones; y el sofisticado sistema montado por Roldán para borrar todas las huellas.

Los cheques de las constructoras no se ingresaban en las cuentas del ex director general del instituto armado sino que, normalmente, se cambiaban en caja por uno o varios talones al portador, garantizados por la propia entidad bancaria. Los talones luego se utilizaban como medios de pago en la adquisición de propiedades, pasando de mano en mano, o se cambiaban en metálico.

Facturas falsas

Para los responsables de la investigación, se trataba de un mecanismo urdido con el objetivo deliberado de blanquear el dinero y ocultar su origen ilícito. Su funcionamiento sólo era posible con la complicidad de Jorge Prieto Pardina, antiguo director de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya en la madrileña calle de Cea Bermúdez, que está también imputado en la causa.

Un elemento externo al sumario ha sido decisivo para fundamentar las acusaciones contra Roldán: la apertura de diligencias por delito fiscal a las empresas Sierra Comendador y Huarte en sendos juzgados de instrucción de Madrid, los número 22 y 43. Algunos de los talones con los que se ha acreditado que las constructoras pagaron facturas falsas han aparecido en la oficina del BBV de Cea Bermúdez, donde entraron en el sistema de blanqueo cuyos beneficiarios eran Roldán y su administrador Jorge Esparza, según fuentes de la investigación. El apoderado de Sierra Comendador, Carlos Zuazo, ha sido ya imputado y en los próximos días deberán declarar los responsables de la empresa Huarte.

El propio Zuazo ha reconocido que pagó 106 millones de pesetas a Esparza correspondientes al 3% del importe de las obras que realizó para la Guardia Civil, mientras que Agustín Blazquez percibió de la constructora Aspica unos 15 millones que se repartió con Elisa Rodríguez, cuando ésta era novia de Roldán, a cambio de influir en favor de dicha empresa ante el director general.

Falta de pruebas

La primera de estas declaraciones autoinculpatorias, la de Agustín Blázquez, se produjo el 24 de febrero, sólo cuatro días antes de la llegada de Roldán a España. Según fuentes de la investigación, el prófugo decidió entregarse, entre otras razones, porque, ignorante del contenido del sumario, que seguía secreto, estaba totalmente convencido de que no existían pruebas y testimonios que avalaran la acusación de cohecho.

Por el contrario, Roldán sí sabía que estaba documentado el delito fiscal. Por eso, según las mismas fuentes, excluyó el fraude al fisco de la extradición administrativa aceptada en los falsos papeles de Laos, mientras que aceptó ser juzgado en España por los delitos de prevaricación y malversación.

Respecto a este último delito, el ex director general de la Guardia Civil pensaba defenderse alegando que el dinero que cogió de los fondos reservados le fue entregado como sobresueldo, al igual que a los restantes altos cargos del Ministerio del Interior. Cometió un gran error de cálculo, agregan las citadas fuentes, pues no reparó en que en su cuenta personal hay ingresos de fondos reservados anteriores a la fecha en que, según dijo, empezaron a pagarse los sobresueldos, en 1990. Tras haber acreditado que Roldán se quedó con 200 millones de fondos reservados, la investigación se considera concluida en este punto.

Las pruebas que contiene el sumario son suficientes, a juicio de los investigadores, para fundamentar una condena superior a los 30 años de cárcel, mientras que el delito fiscal, que estaba acreditado cuando Roldán se fugó, difícilmente hubiera llevado al ex director de la Guardia Civil a la cárcel, dada su falta de antecedentes penales.