Cataluña asume el primer paquete de traspasos en que va de legislatura

La Generalitat de Cataluña recibió ayer luz verde de la Administración central para asumir el primer bloque de traspasos de competencias en lo que va de legislatura. El representante de la Generalitat en la negociación, Miquel Roca, puso de relieve la gran importancia simbólica de los traspasos, entre los que destaca la gestión de dos autopistas.El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, se comprometió también a presentar la reforma de la Administración periférica del Estado -que regula el papel de los gobernadores civiles en la nueva configuración del Estado de las autonomías- para antes del 30 de junio. Ésta es otra de las más importantes reivindicaciones de la Generalitat catalana.Miquel Roca destacó ayer el carácter simbólico. que para la Generalitat catalana tienen algunos de los traspasos del paquete, como la expedición de títulos académicos o la titularidad de dos autopistas, la A-17 y A-19, que por vez primera pasan a descatalogarse de la red general de carreteras para que una comunidad autónoma, la Generalitat en este caso, se subrogue en la titularidad de la concesión. Otro logro que destacó Roca es la gestión del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) que culmina el paquete de competencias en materia agrícola que el Estatut de Sau concede a la Generalitat.

Este primer paquete lo completan las competencias de enseñanzas náutico -deportivas, los laboratorios de sanidad animal, ejecución y registro en materia de propiedad intelectual, titularidad de bienes inmuebles y patrimonio histórico-artístico, el depósito-archivo de Cervera, la ampliación de medios para el IRYDA, la legislación e inspección de productos farmaceúticos y la asistencia sanitaria que presta el Instituto Social de la Manna.

Dos competencias aparcadas

Los traspasos se materializarán en la reunión de la Comisión mixta de transferencias, que e celebrará antes de finalizar el mes de abril. Dos competencias, como la Policía de Tráfico y el personal de la Administración de la Justicia, han quedado aparcadas del paquete. En este último caso porque los secretarios judiciales se resisten a ser traspasados a la Generalitat.

En el caso de la policía de tráfico, se plantea un problema de carencia de medios. Aún no hay dotaciones suficientes de mossos d'esquadra para cubrir la competencia, según la Administración central. Roca se limitó a decir que "aún no están suficientemente maduras las condiciones para los traspasos.

El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, se mantuvo muy discreto ayer, afectado por la reciente polémica por su envío al Consejo General del Poder Judicial del proyecto de la Ley de Gobierno. No obstante, anunció que el Gobierno tiene previsto cumplir su compromiso en el debate sobre el estado de la nación de aprobar el proyecto de reforma de la Administración periférica del Estado, que regula el papel de los gobernadores civiles, para antes del 30 de junio.

El de ayer fue el primer paquete de competencias que la Administración central ha acordado ceder a la Generalitat catalana en lo' que va de la legislatura, iniciada tras las elecciones de junio de 1993. El Gobierno vasco también ha recibido un solo. paquete durante el mismo período. El año pasado asumió un bloque de ocho traspasos en el que destacó el de Obras Hidráulicas. Actualmente, el Gobierno vasco negocia la culminación del Estatuto de Gernika, pero el proceso se presenta arduo.

El desarrollo autonómico se ha centrado en este período en las comunidades autónomas de vía lenta, reguladas por el artículo 143 de la Constitución.

El esfuerzo negociador de la Generalitat catalana con la Administracíón central se ha basado en lo que va de legislatura en materias financieras. La financiación autonómica, con la cesión de la gestión del 15% del IRPF, la financiación del déficit sanitario y la participación en los fondos de cohesión comunitarios han sido los principales campos del desarrollo autonómico. Tanto la Administración central como la Generalitat catalana han destacado que los acuerdos han sido extensibles a todas las comunidades afectadas y que, por tanto, no ha existido ningún tipo de privilegio hacia la comunidad presidida por Jordi Pujol por su respaldo parlamentario al Gobierno.