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Un apoyo frágil e inseguro

La fórmula ideada por los presidentes del Gobierno y de la Generalitat para eludir el uno y no votar el otro una moción de confianza en el Congreso fue tan cicatera que nunca ha podido despejar los rumores de disolución anticipada de las Cámaras ni ha servido para detener, y menos aún rebajar, el creciente escepticismo de la opinión y de los mercados sobre el futuro que espera al Gobierno. Que Jordi Pujol se haya visto obligado a repetir hasta 195 veces que su apoyo al Gobierno es "sólido y seguro" sin convencer a nadie muestra bien que la fórmula de sostén a plazos puede ser útil en tiempos de bonanza pero insuficiente para apuntalar a un gobierno en tiempos de crisis. Porque de crisis política, sin caer en aspavientos del tipo de "se hunde España", es de lo que se trata hoy con todas esas sombras de ladrones y policías, jueces y periodistas, fiscales y detectives proyectándose cruzadas sobre el escenario. Crisis que se evidencia cuando la mayoría de los ciudadanos cree que el presidente ha mentido en un tema como el de los GAL y que el Ministerio del Interior ha cobijado durante años algo muy parecido a una banda de mafiosos en permanente confabulación para repartirse los fondos reservados. No es, por tanto, cualquier crisis, sino una quiebra de confianza que tiene difícil solución sin un profundo cambio de gobierno.Pero en un régimen parlamentario, una crisis política que exige un cambio de gobierno no tiene por qué conducir necesariamente a la convocatoria de elecciones generales antes de llegar a la mitad de la legislatura. Es más, no debería recurrirse a esa solución sólo por presiones exteriores al sistema y sin haber agotado todas las combinaciones parlamentarias posibles para resolver la crisis. Reducir el debate político a la única cuestión de la disolución de las Cámaras es entregarlo al ruido y empobrecerlo, cegando otras respuestas que, con el sistema de partidos configurado tras las elecciones de 1993, es conveniente plantear incluso en estas desfavorables circunstancias.

La cuestión se formula pronto aunque la respuesta no sea sencilla: ¿es éste de ahora el mejor anclaje posible de los partidos nacionalistas en el gobierno del Estado? Porque si nuestro sistema se consolida, como es ahora el caso y lo fue ya entre 1977 y 1982, en tomo a dos partidos que suman alrededor de 300 diputados y, concentran e 175% de los votos, sin que ninguno de ellos alcance la mayoría absoluta, tan normal como los gobiernos homogéneos de minoría deberían ser los gobiernos de coalición. En un sistema pluripartidista y bipolar, con una presencia cada vez más decisiva de los partidos nacionalistas en el Congreso, el gobierno de coalición, además de reducir la incertidumbre sobre la duración de una le gislatura, serviría para definir el lugar de los nacionalismos. en el Estado y avanzar en el camino de convertir a Madrid en la capital federal que Azaña soñó para la República y que parece destinada a ser con la Monarquía.

Sin duda, el objetivo de Pujol no es sostener al Gobierno, sino dar un paso adelante en su estrategia de convertirse en única voz de Cataluña en Madrid: su poder radica en que, siendo necesario, conserva su autonomía. Con elecciones a la vista, es impensable que abandone esa confortable situación de la que sólo se derivan ventajas para su partido. Pero primar intereses a corto plazo no debía implicar el olvido de la salud a largo plazo del sistema. La inseguridad y fragilidad inherente al tipo de apoyo que presta al Gobierno, estando sin estar en él, se ha convertido en un elemento de la crisis política, y, en lugar de resolverla, la agrava. Si se quiere salir de la incertidumbre sin convocar elecciones habrá que dar pronto un paso adelante y formar, con nuevas caras, un gobierno de coalición. Cualquier otra fórmula obligará a Pujol a repetir no ya 200, sino hasta 70 veces 7 que su apoyo al Gobierno es sólido y seguro. Pero nadie se lo va a creer.

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