6.750 millones de pesetas en donaciones a los partidos

La investigación sobre el caso Agusta se inicio en 1991 a raíz del asesinato de un antiguo ministro socialista, André Cools, en Lieja. La juez Véronique Ancia fue descubriendo en el transcurso de la investigación que la empresa Agusta entregó comisiones ilegales, por valor de 240 millones de pesetas, a los partidos socia listas del país para forzar a su favor la decisión del Gobierno belga de comprar 46 helicópteros para el Ejército de Tierra. El contrato aprobado en 1989 que benefició a esta empresa italiana alcanzó los 54.000 millones de pesetas.Para evitar que en el futuro se produzcan nuevos casos de pago de comisiones, el Parlamento belga aprobó en 1993 una ley que prohíbe las donaciones de empresas o particulares a los partidos políticos. Además, organizó la financiación pública de los partidos y estableció límites de gasto en las campañas electorales.

El caso Agusta se remonta a una época en la que las donaciones eran una práctica habitual. Según las estadísticas de la Administración belga durante el periodo 1985-1992, los partidos belgas se beneficiaron de donaciones -tanto de empresas como de particulares, que las podían deducir fiscalmente- por valor de 1.500 millones de francos belgas (unos 6.750 millones de pesetas). Un 5% de las empresas belgas han participado en este tipo de financiación, aunque ninguna reconoce públicamente haber ayudado a una o varias formaciones políticas.

Ningún partido político ha pedido una amnistía, al igual que ocurrió en Francia por financiación ilegal en el pasado. Pero, para esclarecer la situación, los ecologistas belgas han pedido que todos los partidos y diputados declaren las donaciones que han recibido desde 1980.

Si la investigación del caso Agusta afectó al principio al Partido Socialista valón (PS), desde principios de año su homólogo flamenco (SP) es el más afectado.