La Comunidad mantiene una campaña dos días después del veto legal

"Para que todos podamos vivir bien, ellos tienen que vivir mejor. Consejería de Integración Social. Por el bien de la Comunidad de Madrid". Con este lema y 54 millones, el Gobierno regional sembró de anuncios sobre la bondad de su política social las radios y televisiones el mes de marzo. Sin embargo, hasta ayer pudo escucharse el mensaje propagandístico en la emisora pública Onda Madrid. Ese anuncio, según ha resuelto la Junta Electoral Central, había dejado de ser legal el pasado 3 de abril.

Elena Vázquez, consejera de Integración Social, se sorprendió ayer por la tarde cuando este periódico le comunicó que la campaña de propaganda de su departamento seguía viva en el dial. "Contratamos los anuncios hasta el 31 de marzo, aunque no conocíamos la resolución de la Junta Electoral". Tras consultar con sus colaboradores, Vázquez reconoció la irregularidad: "Tan sólo se ha mantenido hasta ayer en Onda Madrid y ha sido porque en esta emisora empezó la campaña cinco días tarde, y por tanto, ha acabado cinco días después". En este aparente accidente basa la consejera el desliz sobre el mandato de la Junta.El portavoz del Gobierno socialista de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, presumió ayer en una conferencia de prensa de que la Administración regional había cumplido escrupulosamente los dictados de la Junta Electoral Central donde se prohibían las campanas institucionales tras la convocatoria de comicios.

Alberto Ruiz Gallardón, presidente del Grupo parlamentario Popular, indicó que pediría el cese de la campaña de Integración Social en el caso de que continuase en los próximos días. "Si el Gobierno Socialista persiste en el error, nos veremos obligados a solicitar a la Junta Electoral que le recuerde a la consejería sus obligaciones", anunció Ruiz Gallardón.

El Pleno de la Asamblea de Madrid, último de la legislatura, trató ayer, por la monográfica curiosidad del PP, los costes y fundamentos de las campanas institucionales de publicidad que el Gobierno de Leguina ha puesto en marcha para dar a conocer su gestión. Los parlamentarios populares lanzaron sus invectivas contra la bancada de los consejeros. "Han intentado engañar a los madrileños mostrándoles el edificio de Sainz de Oiza en la M-30, pero ocultándoles las grietas que tiene", dijo Paloma García Romero. "Han editado un libro de lujo por fuera y vacío de contenido por dentro", comentó Fermín Lucas. "Con el dinero de la publicidad podrían haber creado 24 plazas de ancianos", recalcó Roberto Sanz Pinacho. Para completar el acoso, el diputado popular Manuel Cobo acusó al socialista Virgilio Cano, consejero de Cooperación, de infringir la ley al adjudicar a dedo una campaña de. 130 millones.

Los consejeros socialistas desmintieron las imputaciones del PP y aprovecharon su turno de réplica para torpedear la gestión del alcalde, José María Álvarez del Manzano. "Lo único ilegal que hay aquí son los pirindolos [mobiliario urbano] que han colocado ustedes en las calles de Madrid", afirmó Cano.

"Chirimbolitos"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que ha elevado al comité de campaña de su partido una cuestión sobre la ilegalidad de la "campaña preclectoral encubierta" que realiza el gobierno municipal del PP en los "chirimbolitos" (nuevo mobiliario urbano rebautizado por la portavoz adjunta del PSOE, Ana Tutor) para que actúe en consecuencia.

Por su parte, el alcalde, reiteró ayer que el fax que comunicaba la orden de la Junta Electoral de suprimir la publicidad se recibió en su secretaría el lunes, cuando él viajaba a Roma, informa Efe.