"Maté a 900 personas", dice uno de los primeros procesados en el juicio por el genocidio de Ruanda

"Es verdad, maté a 900 personas, y espero que me ejecuten". Musoro Ndura, uno de los siete hutus que comparecieron ayer en la primera sesión del juicio por el genocidio de casi un millón de tutsis en Ruanda, se confesó culpable en medio de la confusión generada por las siete horas de retraso de la vista. Las autoridades de Kigali forzaron que el macroproceso contra los 30.000 acusados -muchos confesaron bajo tortura- coincidiese con el aniversario del atentado contra el presidente Juvenal Habyarimana, que desató las matanzas étnicas. La primera sesión sólo duró tres cuartos de hora.

Cuando era conducido hacia el estrado, Ndura dijo abiertamente: "Voy a ser acusado de genocidio, y es verdad, maté a 900 personas". Pero el primero en sentarse en el banquillo de los acusados fue el hutu Nogomayube Nkulikingoma, de 17 años, acusado de haber asesinado a 12 de sus vecinos en el barrio de Butamua, en las afueras de la capital ruandesa.Sus enormes ojos iluminaban un rostro juvenil. Campesino e hijo de campesinos, no ha ido nunca a la escuela, y firmó con su huella dactilar el acta judicial por la que se le convocaba ante el tribunal. "Fui detenido el 15 de septiembre de 1994 en Butamua, cuando regresaba después de haber huido de la violencia", explicaba antes del juicio. Le denunció un concejal hutu de su barrio. "Si yo hubiese matado, me habría marchado a Zaire y no me habría encontrado nadie", alegaba para proclamar su inocencia.

Como menor de edad, a Nogomayube le defiende un abogado del Unicef (la agencia de la, ONU para la infancia). Su confianza en un juicio justo era nula. "Con un juez tutsi, ya me doy por muerto", aseguraba. "Con un juez hutu no habría error judicial". Su letrado consiguió que el tribunal retrasara su comparecencia en ocho días por un defecto de procedimiento en la citación.

El proceso por el genocidio ruandés, un símbolo contra la impunidad de los asesinos justo un año después del comienzo de las matanzas, quedó aplazado indefinidamente tras una audiencia pública de apenas tres cuartos de hora. El tribunal de Kigali concedió una ampliación de plazo a los abogados defensores para que pudieran preparar sus conclusiones, ya que el fiscal, que no procedió a la lectura de la acusación pública, se limitó a invocar la existencia de numerosos testigos de las supuestas atrocidades.

Con el cráneo rasurado y asediados por los fotógrafos, los siete encausados desfilaron en fila india, con su uniforme rosa de presidiarios, hasta el estrado, donde fueron interrogados por el magistrado Claudien Gatera y otros dos jueces. Aparte del menor de edad, el resto de los procesados. se negó a declarar ante Gatera. Uno de los abogados defensores había asegurado antes de que comenzara la vista: "Mi cliente firmó una confesión bajo coacciones".

Ojo por ojo

Centenares de ruandeses airados se habían concentrado ante la puerta del juzgado. "Todos estos [los acusados] tienen que ser ajusticiados en público si son condenados; al fin y al cabo es lo que hicieron con nuestros familiares", gritaba François Kayimba, un tutsi de 58 años. A su lado, un miembro de su misma etnia también invocaba la ley del talión ante los periodistas y los observadores internacionales: "He venido a ver cómo se hace justicia y cómo ellos [los procesados] se llevan su merecido".

Ante las críticas sobre la imparcialidad del sistema judicial, el representante de las Naciones Unidas en el juicio por el genocidio de Ruanda, Shaharyar Jan, explicó en Kigali que, aunque el sistema judicial ruandés es muy imperfecto, hay que aceptar esta circunstancia, so pena de tener que esperar muchos años para poder comenzar el juicio.

El ministro de Justicia ruandés, Alphonse-Marie Nkubito, se había comprometido a que la vista comenzaría con los sumarios debidamente instruidos. Sin embargo, el aplazamiento de las sesiones se ha producido precisamente por fallos en el procedimiento judicial.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos humanos y de ayuda a los supervivientes de las matanzas del año pasado protestaron enérgicamente ante la convocatoria del juicio, al considerar que el sistema judicial de Ruanda no se encontraba aún capacitado para acometer un macroproceso con 30.000 acusaciones. Incluso en el seno del Gobierno de Kigali, de mayoría tutsi, surgieron discrepancias sobre la oportunidad. de hacer coincidir el juicio con la semana oficial de duelo que conmemora el comienzo de las matanzas.

Mientras, a los principales instigadores del genocidio -que huyeron a Zaire y Tanzania en julio del año pasado, tras la victoria de la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés- les espera un tribunal internacional en La Haya. El fiscal especial de la ONU, el surafricano Richard Goldstone, ha presentado acusaciones contra 400 sospechosos.

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