Una mádeja de perdidas

D. NARVÁEZ / J. SAMPEDRO "La más completa factoría textil del mundo", iba a ser aquello, según la campanuda prosa al uso en la España oficial de los años cincuenta. La predicción no andaba descaminada, porque en los 38 años de historia de Industrias Textiles del Guadalhorce (Intelhorce) no ha faltado casi de nada. Fundada en 1957, fue un ejemplo del desarrollismo franquista con el que quería aparentar la grandeza del sistema en el que intervino Juan. Antonio Suances, presidente del INI y brazo derecho de Franco para la industria. Luego sería presidida por Raimundo Fernández Villaverde y las inversiones iban creciendo al mismo ritmo que las pérdidas hasta que en 1966, olvidados los anhelos autárquicos, el Gobierno decidió cerrar el grifo.

Unos años después, Claudio Boada, a la sazón presidente del INI, no tuvo reparos en decir que la empresa estaba alcanzando "unos niveles de rentabilidad bastante satisfactorios". Poco después vendería la empresa al grupo Castell por 832 millones. En 1980, Intelhorce volvía al sector público y fue Boada, el que la había privatizado, el encargado de revendérsela de nuevo al sector público (en este caso al Patrimonio del Estado).desde el Banco de Madrid al que había llegado, precisamente, de la mano de Jaume Castell Lastortras.

La factoría malagueña arrastraba entonces unas pérdidas de 11.000 millones. Entre ayudas, inyecciones y saneamientos, el estado se ha dejado en total unos 53.000 millones.

No deja de maravillar que dos de los 38 ejercicios de la factoría arrojaran resultados positivos. Tampoco sorprende que "la más completa factoría textil del mundo" haya acabado su andadura en los juzgados. Uno de ellos está intentando tramitar el expediente de suspensión de pagos presentado en octubre pasado. Otro, el del juez Juan Francisco Ramírez Barroso, cuyas actuaciones siguen bajo un escrupuloso secreto de sumario, está centrando sus investigaciones en la privatización de 1989 y la brusca descapitalización ocurrida, en el ano y medio siguiente, que han sido objeto de cuatro querellas -una ya archivada- y han resultado por el momento en el encarcelamiento de cinco personas. Los hechos fueron más o menos como sigue.

En 1989, Intelhorce estaba integrada en el grupo del Patrimonio del Estado, un organismo que ya entonces había desembolsado más de 38.000 millones para intentar, sin, mucho éxito, cauterizar la hemorragia de pérdidas de la sociedad. Tras una costosa operación de saneamiento, la factoría, que contaba con un capital social de 21.000 millones, pasó a las manos de las sociedades Benorbe y Benservice, propiedad del empresario' italiano Giovanni Orefici.

Las razones por las que Orefici fue seleccionado como comprador son, en el mejor de los casos, un misterio. Se adujo entonces que el empresario italiano constituía una opción sólida, con vinculaciones con el grupo Benetton.

Las empresas de Orefici, sin embargo, resultaron no tener más de 10 millones de capital social, y sus presuntas vinculaciones con Benetton se acabaron quedando en unas cuantas tiendas de las que era concesionario. Pese a todo ello, la operación no pudo ser más ventajosa para el italiano, quien, en vez de pagar, recibió 5.869 millones de pesetas para ampliar el capital social de Intelhorce, que llegó así a los 26.000 millones.

La gestión de Orefici no desmereció la tradición de la factoría malagueña. Según el Ministerio de Economía, el empresario italiano desvió sistemáticamente fondos para cubrir los cuantiosos quebrantos del resto de sus sociedades hasta lograr paralizar la factoría por falta de suministros. En 1990, Intelhorce perdió casi 3.500 millones, toda una proeza si se considera q«ue durante ese año Orefici no pagó lo que debía a Hacienda, sobrevaloró sus existencias y eludió cotizar a la Seguridad Social.

Tras todo ese reguero de pérdidas, la aventura italiana acabó donde había empezado, La dirección general del Patrimonio reasumió la titularidad de la factoría en 1992 y, dos años más tarde, denunció a Orefici por cuanto delito se ha escrito en los códigos, una lista que incluye estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la libertad y contra la seguridad en el trabajo y contra la Hacienda Pública.

Orefici acabó en la cárcel, y ahí sigue. El juez también mantiene en prisión a su abogado y ex administrador único, José Manuel Muñiz, y a dos compañeros de bufete de éste, Adolfo Martos Hinojosa y José Luis Castillo Tejero- Aparte del equipo del empresario, el juez también encarceló a José Miguel Moreno García, ex presidente de Improasa, la empresa de la dirección general del Patrimonio que llevó la operación.

José Miguel Moreno García fue el responsable del informe de viabilidad para la privatización, y está acusado de cobrar una comisión de 15 millones de pesetas para favorecer los intereses de Orefici. Fuentes próximas al caso sostienen que el siguiente paso de la instrucción será la citación a declarar de dos ex directores generales de Patrimonio del Estado, Francisco Zambrana y Luis Alcaide. Ambos fueron los máximos responsables del Patrimonio en esa época.

El juez ha fijado en 27.000 millones de pesetas la responsabilidad civil para los imputados. La acusación particular ha pedido que comparezca Carlos Solchaga, que fue ministro de Economía en 1989 que fue cuando se vendió la empresa.