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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un calendario electoral

EL PRÓXIMO martes termina el plazo para una eventual disolución anticipada de las Cortes que permita hacer coincidir las elecciones municipales y autonómicas con unas legislativas. Se trata de una hipótesis descartada por el Gobierno, cuyo presidente no cesa de repetir que tiene intención de agota r la legislatura. Pero ese énfasis, como sus alusiones a que el proyecto socialista es para 25 años, lejos de disipar el clima de crisis política, contribuye a enrarecerlo y a acrecentar las dudas de los ciudadanos. En repetidas ocasiones hemos insistido en que los

acontecimientos de la vida nacional sugieren que nos

encontremos ante un final de etapa en la historia política española. El agotamiento del Gobierno y su partido es alarmante. Y los triunfos de modernización y progreso que el PSOE puede justamente enseñar se ven ahora empañados por las acusaciones de corrupción y terrorismo de Estado.

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El presidente ha abandonado gran parte de la iniciativa política en manos de la oposición. No presentó la moción de confianza, no cambió el Gobierno, no lanzó una apuesta por una coalición, ni se le pasó por la cabeza su relevo; o sea, que no logramos salir del agujero en el que estamos todos metidos. El apoyo de sus aliados catalanistas evidencia, por otra parte, el carácter cada vez más vicario que el Gobierno de Madrid tiene respecto a la Generalitat de Cataluña.

En tales circunstancias, es inevitable que las elecciones locales de mayo sean la ocasión aprovechada por muchos para pronunciarse no sólo sobre el tema concreto de la consulta, sino sobre la eventual continuidad del Ejecutivo. Unos resultados desastrosos para los socialistas, como la mayoría de las encuestas predicen, harían que la sensación de interinidad del actual equipo se tornara casi insoportable.

Una gran cantidad de poder municipal y regional puede cambiar de manos en los próximos (los meses, y las consecuencias se harán sentir también en el interior de los partidos. De modo que, por más que el presidente insista en que estas elecciones "son sólo municipales", en gran medida constituirán una especie de primarias. El día 29 de mayo, conocido el resultado de las urnas, González, el Gobierno, los dirigentes y militantes socialistas tendrán que extraer conclusiones no sólo referentes a los ayuntamientos.

La duración de la legislatura depende de los designios de Pujol antes que de los deseos de González. Convergencia le ha garantizado su ayuda hasta final de año, lo que incluye el periodo de la presidencia española de la Unión Europea y la aprobación del pre5upuesto para 1996. Al margen las opiniones sobre la conveniencia o no de que sea así, este calendario parece ya seguro, está pactado y no hay signos de que vaya a variar. Pero será difícil prolongar por más tiempo la situación. Porque la cuestión fundamental es saber cómo y cuándo el país va a salir- de ella, y procurar que lo haga de la mejor forma posible. De modo que lo razonable, y lo conveniente, esquelas elecciones generales se celebren a principios del año próximo, como varias fuerzas políticas han solicitado, como tuvo oportunidad de consensuar, y no quiso, el propio Aznar y como hemos sugerido en estas páginas en repetidas ocasiones.

La cuestión, sin embargo, no termina ahí. Este tiempo de afasia política que vivimos, este paréntesis duradero hasta que se decrete la disolución de las Cortes, no puede ser un homenaje a la utilidad del tiempo por el tiempo. Son unos meses -cada vez menos- para ser aprovechados en hacer el trabajo político que hay que hacer. Es importante conocer si González será o no el próximo candidato del PSOE a la presidencia y, en caso contrario, quién lo, sustituirá. Ése es un debate interno de los socialistas, pero que afecta a toda la sociedad española. De cómo se vaya e1PSOE del poder dependerá en gran medida la gobernabilidad en el futuro inmediato. Y también el juicio que merezca Felipe González, cuya contribución al establecimiento y normalización de la democracia española es innegable y de enorme magnitud.

Aznar también tiene sus deberes pendientes, apenas iniciados con el simulacro de programa económico con el que nos ha obsequiado hace poco. Debe contribuir a rebajar la temperatura política, a recuperar el diálogo, a huir de la crispación. Y no puede ignorar los problemas de futuro. Parece como si para el PP lo importante fuera llegar cuanto antes y a cualquier precio, y luego ya veremos. Pero el caso es que de cómo llegue depende también cómo pueda gobernar: con qué apoyos políticos y sociales y con qué oposición.

Un acuerdo para celebrar las elecciones generales a principios del año que viene sería una solución a favor del sistema democrático y aliviaría las conciencias de muchos ciudadanos. Porque, si bien es cierto que el PSOE ha prestado grandes servicios a este país, hoy no puede levantar la bandera de la ejemplaridad moral, por lo que debe saber poner fin a las cosas cuando las cosas han llegado a su fin.

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