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CONFLICTO PESQUERO

El ritmo de la negociación diluye el descuelgue de Londres

Xavier Vidal-Folch

Los avances en las negociaciones UE-Canadá constituyeron ayer un lenitivo para el club de Bruselas: diluyeron la insolidaridad del Gobierno británico, que se opuso a una dura nota verbal dirigida al Gobierno de Ottawa.La nota verbal, enviada por la Comisión, con el apoyo de los 14 socios, protesta por la agresión al Pescamar-1 el pasado día 26, subrayando que "fue extramedamente seria y constituyó un peligro para las vidas de los tripulantes". La acción fue más lamentable, si cabe, porque se produjo la víspera de la Conferencia de la ONU sobre Recursos Pesqueros y en un momento en que ambas partes estaban negociando, indica. Un portavoz de la Comisión añadió que la red que los canadienses habían cortado al Pescamar-1 era "totalmente legal".

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La protesta indica también que las "alegaciones" canadienses contra el Esta¡ son inaceptables, reiterando los argumentos de la comisaria Bonino sobre la ilegalidad global de las actuaciones canadienses. "Cualquier repetición de una acción unilateral tendría consecuencias para las relaciones entre la UE y Canadá que desbordarían el ámbito pesquero", concluye.

Precisamente en la reunión del Coreper mantenida ayer, España propuso la automática adopción de medidas de respuesta por parte de los Quince, en caso de que se produjera otra agresión. El embajador, Javier Elorza, consideró que al no haberse producido ninguna intervención en contra, la propuesta quedaba tácitamente aceptada. La toma de medidas requiere la unanimidad. El embajador reconoció que España había modificado su postura de petición de inmediatas sanciones, la la vista del nuevo clima de negociación existente en estos momentos" y considerando también la dificultad de lograr un consenso comunitario, habida cuenta de la actitud británica. Pero insistió en que una eventual nueva agresión no podía quedar impune, detallando que la respuesta podía graduarse mediante "medidas leves o graves", dependiendo de la importancia de la agresión.

El Reino Unido se ha mostrado abiertamente opuesto a imponer sanciones comerciales, escudándose en su supuesta ilegalidad a la luz de la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El propio Canadá ha anunciado retorsiones comerciales a la UE por la presunta falta de compensaciones por la ampliación, y acaba de prohibir a sus suministradoras de gasoil que vendan carburante a los barcos españoles: "Esta decisión es un obstáculo a la exportación, lo que constituye violación de la OMC", replicó el representante español.

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