El fiscal de los subasteros detalla el pago de 'astillas' a funcionarios

Cuatro horas empleó ayer el fiscal para detallar los múltiples trapicheos que, presuntamente, utilizaron los subasteros para corromper a funcionarios judiciales y amañar, con todas sus variantes, las pujas de los pisos. El acusador público relató las amenazas que recibieron de subasteros algunos inquilinos que habían sido desahuciados porque no podían pagar las letras de sus casas. Y abundó, asimismo, en las artimañas de que se valieron entre los años 1980 y 1987 para adquirir pisos baratos en los juzgados y luego venderlos a precio de mercado.El sumario de los subasteros (el juicio se está viendo estos días en la Audiencia de Madrid, con 43 procesados; 16 de ellos, funcionarios judiciales) sólo se refiere a lo ocurrido esos años, lo cual no significa que en los siguientes los afectados -o sus testaferros- dejaran de amañar pujas. Las 43 personas que se sientan desde el pasado mes de febrero ante el tribunal de la Audiencia de Madrid soportaron ayer como pudieron el chaparrón dialéctico que les brindó el fiscal. Y cada palo aguantó su vela.

Larga exposición

Durante su larga exposición, el acusador público trató de justificar las penas que reclama para ellos: oscilan entre tres meses de arresto, para cuatro acusados, y nueve años, la más alta, para dos. Apeló el fiscal a la documentación decomisada en su día en casa de varios procesados y a las llamadas telefónicas intervenidas tras abrirse el sumario, para acreditar que algunos subasteros pagaron dinero (citó varias cantidades) a funcionarios de justicia a fin de que agilizasen determinados asuntos. Recordó, asimismo, una conversación (interceptada judicialmente) que mantuvo la procesada María Tarriño con otra persona el 6 de junio de 1986. Según el fiscal, Tarriño afirmaba en esa conversación: "Con las astillas [así llaman en círculos judiciales a los sobornos] se puede arreglar todo en los juzgados de la plaza de Castilla, aunque depende del humor del funcionario".

También reforzó el fiscal su tesis de cohecho (soborno de funcionario público) en el primer testimonio incriminatorio que prestó en su día Alejandro Moreno, quien supuestamente actuaba como intermediario entre subasteros y funcionarios. En este contexto, rememoré "la velocidad meteórica" con que fue echada de sus casa una persona cuyo piso había sido subastado por impago.

El fiscal, no obstante, matizó que no "acusaba" a los funcionarios por acelerar los trámites judiciales, sino por agilizar determinados asuntos -a cambio de dinero- en detrimento de otros. En los juzgados de Madrid existen las lógicas demoras que provoca la ingente entrada de papel. Pero lo que el fiscal vino a decir ayer es que algunos papeles que debían estar debajo del montón fueron colocados encima para que un juez determinado -desconocedor de la trama- los tramitara antes.