El fiscal de los subasteros pide que la sentencia les impida ir a los juzgados

JOSÉ A. HERNÁNDEZ. El informe definitivo que el fiscal expondrá hoy ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzga desde el pasado 1 de febrero a los subasteros (el grupo de personas que, presuntamente, se dedica a amañar las pujas judiciales para quedarse a precios muy módicos los pisos que los jueces embargan por el impago de la hipoteca) contiene una petición muy especial: que el tribunal prohíba a los procesados y a sus testaferros la posibilidad de participar en el futuro en las subastas que convoquen los juzgados de Madrid.

Esta medida, en caso de que el tribunal la estime en la sentencia que debe dictar sobre esta trama, supondría un duro golpe para las actividades de, los subasteros. Algunos de ellos, a través de intermediarios, han seguido participando en pujas mientras estaban en el, banquillo de los acusados, según fuentes jurídicas.

Y será un duro golpe porque, según estos medios, casi todas las pujas dé Madrid han estado controladas -y siguen estándolo, directa o indirectamente- por buena parte de las 43 personas que están ahora sentadas en el banquillo de los acusados.

El juicio contra estos 43 supuestos subasteros -entre ellos, 17 funcionarios judiciales- se reanudará hoy en la Sección 6ª de la Audiencia de Madrid.

El fiscal, en su nuevo informe, ha introducido ligeras modificaciones -aunque algunas sustanciales- en su escrito respecto al que redactó con anterioridad al inicio de la vista oral. Las penas de cárcel, salvo en algunos casos aislados, son prácticamente las mismas que pedía en su informe provisional: oscilan entre los tres meses de arresto para cuatro de ellos y los nueve años de presidio para dos de los implicados.

La acusación pública reclama penas de multa cuya cuantía total ronda los 1.350 millones. Pero el fiscal -y ésta es una de las novedades que introduce en el informe definitivo que ha redactado después de interrogar a los procesados- no se limita a pedir penas de cárcel. Solicita el pago de cuantiosas multas -en total, unos 1.350 millones de pesetas- para buena parte de los 43 encausados.

La más alta de ellas -218 millones de pesetas- la pide para el principal inculpado en esta trama, Ernesto García López. Y si no la paga, la acusación pública reclama a la sala que le imponga un arresto sustitutorio de seis meses. Aparte de esta multa, el fiscal exige también para García López un total de nueve años de cárcel por delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa.

También reclama el fiscal nueve años de cautiverio, por delitos similares a los que imputa a la persona antes citada, para Jaime Llanos Alvarado. Para este último, la solicitud de multa se eleva a 113 millones de pesetas. Otro de los principales encausados en este proceso es, según se desprende del escrito definitivo del fiscal Eugenio Fernández Loma: para quien demanda una pena de tres años de cárcel por estafa y una multa de 152 millones de pesetas. Su impago lleva aparejado, como en el resto de los casos, seis meses de arresto sustitutorio.

Penas de inhabilitación

Aparte de los subasteros, en el banquillo de los acusados se sientan, por presuntas connivencias con éstos, 16 funcionarios de la Administración de justicia. Sólo para dos de estos funcionarios solicita el fiscal penas de cárcel. A Manuel Rodríguez Torres le pide tres años de prisión por un delito de cohecho, y tres meses de arresto para Jesús Gallego. Asimismo, exige que ambos sean inhabilitados durante ocho años para ejercer un trabajo en la Administración. Para el resto de los funcionarios el fiscal reclama ligeras multas económicas y penas de inhabilitación, que van desde los tres a los ocho años.

El fiscal entiende que una parte de los funcionarios que se sientan en el banquillo de los acusados recibió dinero de los subasteros por acelerarles sus asuntos y permitir que éstos dispusieran cuanto antes de los pisos subastados. Es decir, agilizaban el papeleo judicial para que la policía echase cuanto antes de casa al moroso.

El fiscal describe en su informe una auténtica retahíla de chanchullos supuestamente cometidos por los subasteros, compinchados en muchos casos con funcionarios judiciales. La subastilla es uno de los trapicheos utilizados para repartirse las casas embargadas. Consiste esta ilegal artimañana en que los pujadores se reúnen a escondidas del juez (antes o después de la hora fijada para la subasta) y se reparten los pisos o bienes que salen a subasta un día determinado. Una vez que se han puesto de acuerdo, acuden al juzgado y sólo pujan por el piso que previamente (fuera del juzgado) se han autoasignado.

De esta forma consiguen quedarse los pisos a un precio muy por debajo del mercado, ya que nadie les hace competencia. Y si, como ha sucedido alguna vez, alguien ajeno a la trama acude al juzgado de buena fe para pujar por un bien inmueble, es engañado o amedrentado (según varios casos que ha logrado probar el fiscal durante el juicio) para que no participe en la subasta o bien para que se atenga a las ilícitas normas establecidas por ellos. Uno de los muchos chanchullos que el fiscal -tras los interrogatorios de testigos y procesados- sostiene como probado en su nuevo escrito es el siguiente: en 1993 se subastó un piso situado en la plaza de Antón Martín, entonces ocupado por Antonio E. M. El inmueble se lo adjudicó Antonio Muñoz Cabezas (uno de los procesados), quien contactó con el inquilino y le ofreció no echarle del piso a cambio de un beneficio (se supone que dinero).

Antonio Muñoz Cabezas, acompañado del también procesado Vicente Haro (entonces funcionario del Juzgado número 22 de Familia de Madrid y esposo de la también procesada Ángeles Heras, socia de Muñoz Cabezas), pidieron dinero al inquilino para permitirle seguir en la vivienda. Como no llegaron a ningún acuerdo (el inquilino consideró excesivo el dinero que le pedían por su casa), Muñoz Cabezas le advirtió que la policía le echaría de allí inmediatamente. Y efectivamente, lo consiguió: un funcionario judicial agilizó el papeleo para el deshaucio.