El plan de Aznar, un riesgo para el Estado de bienestar, advierten los socialistas

"Irresponsable, inviable, imposible y un peligro para el Estado de bienestar". Así calificó ayer José Borrell la propuesta de José María Amar de reducir los impuestos y recortar en 500.000 millones de pesetas el gasto público en el caso de que llegue a asumir la presidencia del Gobierno. "En la actualidad, no hay margen para la reducción fiscal" afirmó, a su vez, Pedro Solbes. Los ministros de Obras Públicas y Economía coincidieron con sus compañeros del Ejecutivo y del PSOE en que, como resumió Cipriá, Ciscar, el secretario de Organización, el programa enunciado por el líder popular es "el clásico de la derecha: ventajas para quienes más tienen y desatención para los que padecen mayores problemas".

La afirmación de que no vivirá en el palacio de la Moncloa no puede ser más "premonitoria" porque "no ganará" las elecciones generales, advirtió Cristina Alberdi, la ministra de Asuntos Sociales, a propósito de las declaraciones de Aznar, publicadas ayer y anteayer en el diario El Mundo. De todas maneras, como en cualquier colección "por fascículos", todavía le queda entregar "las tapas", que siempre son "el elemento más duro", apostilló Ciscar.Con ironías o sin ellas, el socialismo en pleno saltó ayer como un resorte para intentar dejar en fuera de juego el proyecto del PP. "Es un discurso populista y demagógico", comentó Borrell, quien criticó que Aznar haya apelado "a la fibra sensible de pagar menos impuestos" para tratar de captar la atención de los ciudadanos y enfatizó que "los Reyes Magos no existen". El titular de Obras Públicas recordó el ejemplo de algún país, como Estados Unidos con Ronald Reagan, en el que se bajó la presión fiscal "con el resultado de un déficit público incontrolado y una falta de cohesión social muy preocupante y peligrosa".

El PP lanza "mensajes equivocados a la población", aseguró precisamente su homólogo de Hacienda; "en la actual coyuntura económica, no hay margen para la rebaja de impuestos que propone: pasar del 56% al 40% en el tipo marginal máximo del IRPF costaría de 700.000 a 800.000 millones; bajar cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, 1,1 billones. El objetivo debe ser aminorar el déficit

[la voluntad gubernamental es que sea del 3% del PIB en 1997 y los populares, según destaca el ministro, retrasan esa meta hasta 1999]. En ese sentido, Solbes rechazó el planteamiento de Aznar de recortar en 500.000 millones el gasto: "Utiliza una partida de 1,2 billones cuando debería saberse que esa cifra se refiere a los presupuestos consolidados, no a los generales, en los que el Estado sólo dispone de una de 300.000 millones".

Enrique Guerrero, el secretario general de Relaciones con las Cortes, se centró en los 5.000 puestos de altos cargos de la Administración que el PP pretende suprimir y se asombró de ello "porque no existen". Según él, los nombrados por el Consejo de Ministros no son más de 600. "Siguen sin enterarse de que los subdirectores generales y los adjuntos, así como los consejeros técnicos, sólo pueden ser funcionarios de carrera".

"Es una oferta política

[la de Aznar] contra el Estado", expresó Joaquín Almunia, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y "con importantes lagunas". A éstas aludió también Ciscar al decir que "se ha olvidado de la educación, apenas apunta posibles privatizaciones o compatibilidades respecto a la sanidad y tan sólo indica que mantendrá el seguro de desempleo por ahora, por lo que abre una duda para el futuro".

El secretario de Organización del PSOE insistió en el detalle de que a Aznar "lo único que le interesa es el adelanto de las elecciones generales, que no se va producir", y por ello ha sufrido un despiste más, "el de que las próximas, las del 28 de mayo, son locales y autonómicas".

Además, adujo la incongruencia de que hable de moderación y diálogo cuando lo que hace en realidad es "crispar" y "romper el consenso o el contacto".

En definitiva, Ciscar concluyó que el programa que Aznar plantea es "muy poco de fiar" porque muestra "evidentes contradicciones" con su modo de gobernar en la práctica. Así, manifestó que, en sus dos años al frente de la Comunidad de Castilla y León, "incrementó el coste administrativo en un 40%; aumentó la contratación de interinos, con graves acusaciones de clientelismo; multiplicó por cuatro la deuda; sólo invirtió una de cada dos pesetas disponibles; nunca admitió una comisión de investigación, y apenas intervino durante 90 minutos en el Parlamento regional".