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Entrevista:Íñigo IruinAbogado de las familias de Lasa y Zabala

"Descubriremos a los asesinos"

Iruin niega que la información que ha permitido localizar en Alicante los restos de los desaparecidos haya provenido de Amedo u otro miembro de los GAL. Revela que se investiga a una serie de personas en relación a su posible participación en el traslado de Lasa y Zabala a España e indica que ambos fueron secuestrados en Francia por "una rama de los GAL" que él vincula a la Guardia Civil. Afirma que, en aquellas fechas, "desde el Ministerio de Interior" se dictó "una circular no escrita" que autorizaba tácitamente a los cuerpos policiales a intervenir en Francia contra ETA.Pregunta. ¿La aparición de los cadáveres ha sido fruto de la casualidad, de la iniciativa de un policía inspirado o es que ha habido alguna información previa orientando la búsqueda?

Respuesta. El punto de partida de las investigaciones está efectivamente en un miembro de la Policía Judicial de Alicante. En ningún caso, desde luego, en declaraciones de gentes como Amedo. Pero dicho esto habría que preguntarse por qué hay gente que ahora toma la iniciativa. Se supone que si un periodista planteó años atrás en la prensa alicantina la posibilidad de que los cadáveres pertenecieran a los dos desaparecidos, con mucha más razón podía haberlo hecho una policía diligente. No deja de ser sorprendente.

P. ¿Habla de desidia en los cuerpos policiales o insinúa que no había voluntad de investigar la conexión entre ambos hechos?

R. Mi impresión es que en el año 85 y siguientes había un valor entendido entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de que las acciones de los GAL no debían ser investigadas y que lo que afecta al terrorismo de Estado debía estar sujeto a un gran pacto de silencio. Quizá eso es lo que se ha modificado en las próximas fechas. Fruto de las investigaciones periodísticas, de las confesiones de Amedo y Domínguez y de otros datos, se ha creado un clima más propicio para que quienes de manera directa o indirecta conocen elementos de los GAL puedan sentirse motivados para hablar. Ahí entran en juego razones distintas. Es evidente que dentro del aparato policial del Estado -policía, Guardia Civil, Cesid- hay una pugna interna por resituarse de cara al cambio de Gobierno. Puede que eso también haya tenido su influencia en el caso de Lasa y Zabala.

P. ¿Alguien ha podido guiar los pasos del policía

[Jesús García García] que toma la iniciativa?

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R. Creo que la sospecha no surge porque Amedo saque a relucir la cal viva con el asunto Marey. Supongo -digo supongo- que la sospecha es muy anterior.

P. ¿Por qué las pesquisas se han llevado con tanto secreto que han orillado incluso al juez que instruye el caso en San Sebastián?

R. El secreto era necesario para asegurar una serie de medios de prueba o evidencias que nos conduzcan a descubrir a los asesinos.

P. ¿Se refiere a los restos humanos o al casquillo encontrado en el lugar en que fueron enterrados?

R. Por ejemplo.

P. Pero hay más elementos...

R. No digo nada más. Respecto a que no se haya informado al juzgado de San Sebastián, lo que ocurre es que el fiscal tiene competencia para llevar a cabo unas diligencias preliminares de investigación cuando tiene conocimiento de determinados hechos constitutivos de delito. De ahí que el, policía judicial de Alicante informara al fiscal de la Audiencia Nacional y que éste no remitiera el asunto id juez competente hasta haber llegado a una conclusión, tras mes y pico de diligencias.

P. ¿Por qué se sigue manteniendo el secreto una vez que el profesor Francisco Etxeberría ya ha identificado los restos?

R. Entre otras cosas, porque Etxeberría indica en su informe que en la fosa en la que aparecen pueden quedar algunas evidencias de interés. Hay que tener en cuenta que estamos investigando un hecho ocurrido hace 11 años y, además, el terrorismo de Estado. Esto es, estamos investigando a quien tiene el poder de obstaculizar la investigación.

P. Más allá de la idea general establecida con las declaraciones de Amedo y los encarcelamientos de los antiguos jefes policiales, ¿qué indicios concretos existen para hablar con esa rotundidad del terrorismo de Estado?

R. Está el contexto en que se producen las desapariciones...

P. El fiscal Ignacio Gordillo le informó a usted hace más de un mes de la posibilidad de que los restos de Alicante correspondieran a Lasa y Zabala. ¿Por que no solicitó la intervención de Etxberría hasta tres semanas después?

R. Porque nos ha costado mucho tiempo recoger todos los datos sobre las características físicas y antropológicas de los desaparecidos. Hemos buscado viejas radiografías y fichas en los hospitales y clínicas dentales de uno y otro lado de la frontera. Hemos tenido que localizar a antiguos compañeros de Joxi y Josean. No era tarea fácil.

P. ¿Qué vías de investigación se han seguido durante estos años?

R. Fundamentalmente dos vías. La primera, que se agotó enseguida, nos llevó a la inspección ocular de un supuesto zulo de ETA, situado en Aldaba, cerca de las casas de Joxi y Josean. La otra línea parte de las declaraciones en las que el gal Fernández Aceña atribuye el secuestro de Lasa y Zabala a las mismas personas implicadas en el secuestro de Marey y al propio Amedo y señala que los cadáveres están enterrados en el alto de Ibardin, en la frontera con Francia. Las últimas diligencias se relacionan con el traslado de Lasa y Zabala al Estado español.

P. ¿El gal Pedro Sánchez, muerto en prisión en Francia, declaró que Amedo le había encargado secuestrar a Lasa y Zabala?

R. No, nunca.

P. ¿Cree que llegará a identificarse a los asesinos?

R. Siempre he estado seguro de que los cuerpos de Lasa y Zabala iban a aparecer, y ahora tengo el mismo convencimiento de que serán descubiertos los asesinos, No sé si todos, porque aquí ha participado bastante gente , pero al menos sí una parte de ellos.

P. Reiteradamente insinúa usted que existió una rama de los GAL asociada a la Guardia Civil. ¿Por qué no es más explícito?

R. En aquellas fechas, desde el Ministerio de Interior se lanza una especie de circular no escrita que armoniza con las opiniones reiteradas en la prensa a favor de la utilización de un derecho de "persecución en caliente", que permitiera perseguir a ETA al otro lado de la frontera. Los distintos cuerpos policiales entienden rápidamente que existe una autorización tácita y lo ponen en práctica. Los GEO de la policía intentan secuestrar a José María Larretxea y, pocos días después, otro cuerpo policial logra su objetivo con Lasa y Zabala. Son momentos en los que el Gobierno socialista se inclina por una línea de lucha antiterrorista al estilo europeo, sin renunciar a las medidas aplicadas por la CIA en Latinoamérica.

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