Rojo pide ayuda

A JUZGAR por su intervención del jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, es partidario de un consenso político que permita cumplir el objetivo de reducción del déficit público, hasta situarlo, según las previsiones del Plan de Convergencia, en el 3% del PIB en 1997. Los pasos hacia ese objetivo serían, por añadidura, la señal más apreciada por los inversores extranjeros y la mejor defensa de la estabilidad cambiaria.No es una novedad que Rojo insista en la importancia de controlar el déficit; sí lo es que haya hablado de consenso: él nunca confió mucho en los pactos, políticos o sindicales. Que ahora haya planteado el problema en esos términos significa un reconocimiento de que la crisis política constituye una dificultad adicional para resolver los desequilibrios de la economía española.

Hace dos años, en el punto más bajo de la coyuntura, Rojo planteó que los tres "rasgos propios" que explicaban la especial incidencia de la crisis en España eran la rigidez del mercado laboral, la falta de competencia en los mercados protegidos y el acelerado crecimiento del gasto público. De ellos, es el tercero el que resulta más determinante. El crecimiento del gasto público fue en España, entre 1977 y 1992, el más rápido entre los. países industrializados. Ello obligó a mantener una. creciente presión fiscal, en perjuicio de la relación ahorro-inversión. Pero además, cuando la crisis redujo la recaudación, la necesidad de financiar el creciente déficit público impidió bajar los tipos de interés cuando más necesario era hacerlo para estimular la actividad. El resultado de ambos factores fue un retroceso de la inversión productiva y un deterioro de la competitividad, lo que aumentó el paro, y, por tanto, el gasto social y el déficit.

Ese círculo vicioso sólo se rompe por el lado del gasto. Cualquier otra intervención -reprivatizacioneso subida de impuestos para generar más ingresos, aumento de la inversión pública para estimular el consumo, etcétera- desplaza el problema, pero el resultado final es el mismo. De ahí la insistencia de Rojo. Ya en relación a los Presupuestos para este año, el gobernador mostró su desacuerdo con la idea de que la rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas tuviera que compensarse con el aumentó del IVA y otros impuestos, y no con una disminución correlativa del gasto. Ahora bien: recortar ¿qué partidas? Los hacendistas consideran poco útil hablar de reducción del gasto si no se precisa qué. capítulos del presupuesto deben ser podados. Puesto que descartó rebajar la inversión pública y aludió a la "dificultad política" del empeño, es evidente que se refería a los gastos sociales: aquellos cuya dinámica espontánea es la del crecimiento ilimitado.

De ahí la necesidad del pacto en una situación política como la actual: llena de incertidumbres y marcada por la crispación. El acuerdo a que invita el gobernador pasa por acabar con la hipocresía de que todos digan que hay que reducir el déficit, pero nadie precise qué gastos hay que recortar. Bien, al estilo de IU, fiándolo todo a un hipotético mayor control del fraude fiscal que permita aumentar la recaudación; bien, como el PSOE y el PP, evitando plantear abiertamente que será imposible mantener al ritmo de crecimiento actual los fondos destinados a pensiones y sanidad. En ese sentido, el planteamiento voluntarista del Pacto de Toledo -compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, al margen de las posibilidades de financiación existentes- es, en cierto modo, el contramodelo del pacto que el Banco de España propone.