Los calígrafos desarman la tesis del edil de Getafe que dio contratas a su esposa
Los peritos calígrafos de la Policía Judicial han verificado al menos dos cosas: que Isabel Martín Bena, esposa del entonces concejal de Mantenimiento de Getafe (144.350 habitantes), José Antonio Serrano, del PSOE, era propietaria del 25% de la empresa Aucarán y que el Ayuntamiento violó la Ley de Contratos del Estado al conceder a esta empresa obras por 'valor de 52 millones entre los años 1991 y 1993. Isabel Martín Bena siempre ha mantenido que no era accionista de Aucarán. Afirmaba que su rúbrica, estampada en el contrato de compra de la empresa, era falsa.El llamado caso Arana se va desenredando poco a poco. Este escándalo surgió en marzo de 1994, cuando El Periódico de Catalunya publicó unas cartas del empresario Enrique Álvarez Arana a su hermano José María, residente en L'Hospitalet. En ellas le explicaba las razones por las que había quebrado su empresa -cuyo avalista era su propio hermano- y le decía como justificación: "He pagado al PSOE de Getafe alrededor de cuatro millones de pesetas". Enrique Álvarez añadía que había construido un chalé, valorado en 18 millones, al concejal socialista José Antonio Serrano, quien sólo pagó 2,5 millones por él.
Álvarez Arana solía trabajar para el Ayuntamiento de Getafe a través de dos de sus empresas, Praper y Aucarán. La esposa de Serrano compró el 25% de Aucarán 11 días después de que esta empresa comenzase a trabajar para el Ayuntamiento en porcentajes realmente significativos. Según un informe de la brigada de delitos económicos, Aucarán llegó a facturar al Ayuntamiento de Getafe el 76,11% de su volumen de negocio.
PASA A LA PÁGINA 3
Los calígrafos descubren una maraña de firmas falsificadas de los implicados
VIENE DE LA PÁGINA 1En las conclusiones de los peritos calígrafos de la Policía Judicial se puede leer que entre los documentos que forman parte del sumario también existen firmas falsificadas correspondientes a José María Álvarez Arana -el hermano afincado en Cataluña- y a la propia Isabel Martín -la esposa-.
La agencia Efe señaló ayer que todavía se espera una nueva prueba pericial, solicitada por la defensa del ex concejal, para contrastar los análisis de los peritos de la Policía Judicial.
El periódico La Información de Madrid apuntó ayer que la abogada del concejal Serrano está estudiando recusar a la juez instructora del caso, Elisa Gómez, acogiéndose a una supuesta "enemistad manifiesta". Se trata de la misma táctica que empleó el letrado Manuel Cobo del Rosal en la defensa de Rafael Vera. La abogada de Serrano y Cobo del Rosal comparten despacho.
La juez, después de las primeras investigaciones, decretó en mayo del año pasado el encarcelamiento de José Antonio Serrano. Éste dejó la prisión de Carabanchel después de pagar 30 millones de fianza. Algo parecido le pasó al propio Enrique que Álvarez Arana, que abandonó la cárcel en verano tras pagar tres millones de fianza.
Según el informe de la Brigada de Delitos Económicos, que encargó la juez (véase EL PAÍS del 15 de diciembre de 1994), Álvarez Arana logró 200 millones en adjudicaciones del Ayuntamiento en cuatro años mediante el siguiente mecanismo: sólo las empresas de Arana y de sus socios eran llamadas a determinados concursos del propio Ayuntamiento.
Todos los proyectos que competían eran muy semejantes, excepto en una mínima diferencia económica. Las empresas pujaban por las obras con unos presupuestos que sólo variaban un 2%,entre sí.
En junio de 1993, el pleno del Ayuntamiento rechazó crear una comisión investigadora, merced a los votos de la mayoría socialista. El concejal de Urbanismo, Jesús Neira, negó en aquel momento cualquier irregularidad en las adjudicaciones concedidas a las empresas de Arana. Señaló como responsable a un técnico que se había suicidado unos meses antes.
El informe policial ofrecía también una relación de las cantidades entregadas por Arana, en efectivo, "para el supuesto pago de comisiones". La cantidad total superó los ocho millones de pesetas. La policía descubrió que la familia Serrano-Martín (el concejal y su esposa) suscribió en 1990 varios fondos de inversión por valor de cuatro millones de pesetas. "Estos datos significan que aflora una cantidad de dinero en efectivo, cuya procedencia nunca ha podido determinarse", terminan los policías.
Valores de la izquierda
IU (grupo político personado en el caso Arana) considera que la actitud del equipo de gobierno sobre este caso "ha roto de forma definitiva con valores fundamentales de la izquierda, como son la transparencia, la ética y la honradez".
En un comunicado que hizo público ayer, Izquierda Unida precisa: "La actuación del gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, ha consistido en exculpar a José Antonio Serrano y lanzar acusaciones intimidatorias contra IU".
La coalición continúa en su nota recordando que el alcalde, Pedro Castro, del PSOE, había declarado a EL PAÍS que se va a demostrar 1a inocencia de Serrano". Castro afirmó en diciembre: "Esto es un globo que alguien ha hinchado intencionadamente y que se está desinflando. Ahora, casi siento que haya dimitido este concejal".
Alfonso Carmona, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Getafe, comenta: "A partir de ahora, si el gobierno municipal quiere dar ejemplo, debe expulsar a Serrano del PSOE. Al menos, eso haría yo en mi partido". Carmona añade: "No vamos a pedir dimisiones, pero, por ética y honradez, el alcalde y el portavoz socialista [Antonio Alonso] no deberían presentarse a las elecciones".
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