La Ley de Colegios Profesionales, bloqueada a las puertas del Consejo de Ministros

La Ley de Colegios Profesionales, que estaba previsto se discutiera hoy en Consejo de Ministros, se ha quedado en puertas. Tras ir a la Comisión de subsecretarios, se ha empantanado antes de obtener vía libre para su aprobación por el Gobierno. Economía y Hacienda lo atribuyó ayer a "problemas técnicos", y fuentes de la Unión Profesional, que agrupa a 35 colegios, a "problemas de encaje entre Economía, Administraciones Públicas y Sanidad". La Unión remitió en febrero pasado al Gobierno un texto discrepante con el anteproyecto. Un millón de profesionales se vería afectado por la nueva ley.

El pasado miércoles una delegación de la Unión, encabezada por su presidente Eugenio Gay, se reunió con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Joaquim Molins y emitió un comunicado según el cual CiU "procurará que las propuestas de la Unión se incluyan en el Proyecto de Ley antes de que éste sea presentado a las Cortes". 24 horas después de ese encuentro, el anteproyecto -que data del otoño de 1992- quedaba, bloqueado sin entrar en el Consejo de Ministros.Las discrepancias entre Gobierno y Colegios se concretan, entre otros temas, en quién tiene que fijar las tarifas; en la obligatoriedad o exención de colegiación para los titulados que trabajen en la Administración Pública; en liberalizar o regularizar la publicidad que los profesionales hagan de sus servicios. El conflicto trasluce la pugna de intereses entre la liberalización propuesta por el Gobierno y la defensa de lo corporativo encarnada en los Colegios.

"El anteproyecto peca de economicista", dice Gonzalo Muzquiz, subsecretario general de la Unión Profesional, "y habría que plantearse si no hay que ir a otro tipo de ley. La aplicación del anteproyecto puede estar bien para un ámbito exclusivamente mercantil, por su hincapié en la defensa de la competencia, pero no para el ámbito profesional". También Jaime Duró Pifarré, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y de la Unión Internacional de Arquitectos, piensa que "el anteproyecto no está para ir a Consejo. Son imprescindibles ciertas modificaciones, y estoy esperanzado en que se hagan. De momento, el documento de la Unión Profesional significa una cohesión que supongo el Gobierno tendrá en cuenta".

El Gobierno, según el anteproyecto, se reserva el derecho a fijar tarifas orientativas en los servicios profesionales, en vez de dejar a los colegios la potestad de acordar los honorarios. El enfoque concuerda con el informe presentado hace dos años por el Tribunal de Defensa de la Competencia, en la línea del artículo 38 de la Constitución, que establece para España el marco de libre empresa. "Pero la Constitución", dice Duró, "también recoge en el artículo 36 las pecularidades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y del ejercicio de las profesiones tituladas".

Mercado y profesión

Lo mercantil y lo profesional no son identificables, según los colegiados. "Si un contrato mercantil se rompe, una parte puede reclamar a la otra por los perjuicios causados o los beneficios no recibidos", explica Duró. "En cambio, en una relación profesional, por ejemplo médica, esa reclamación no puede existir. Y son los propios colegios quienes deben examinar los aspectos deontológicos y ejercer el autocontrol de sus miembros".

La declaración aprobada por unanimidad en febrero pasado por la Unión Profesional se "sorprende" porque el anteproyecto sea abordado "parcial y sectorialmente desde el Departamento de Economía y Hacienda y en atención a criterios de orden económico cuyas virtudes están por demostrar".

La Unión insiste en que los Colegios controlen la disciplina profesional y deontológica, y sugiere que el anteproyecto provocaría que "no sólo la defensa de la competencia, sino cualquier predeterminación colegial sobre la práctica profesional podría cuestionarse desde la óptica de la libertad de mercado". En cuanto a la publicidad, una "libre como la que rige para cualquier comerciante puede contravenir valores muy sensibles para cuya defensa han surgido precisamente los Colegios". Exonerar de colegiación a todos los profesionales que trabajen en la Administración Pública es rechazable para la Unión, que propone la solución de Canarias: que se exoneren sólo cuando los servicios sean para la propia Administración.

Tanto la Unión Profesional como la Organización Médica Colegial han abierto rondas de encuentros con los distintos grupos parlamentarios. "Es precisa una verdadera ley de Colegios postconstitucional", dice José Fornes, presidente de la OMC, "no reformas de artículos. Meternos a todos en la competitividad no vale, porque por ejemplo el 98% de los médicos estamos en el Sistema Nacional de Salud".