Un policía de Alicante, actuando por su cuenta, logró la identificación de los cadáveres de Lasa y Zabala

El inspector jefe Jesús García García logró resolver, prácticamente en solitario, lo que hace 10 años no pudieron aclarar la Guardia Civil y la policía. Al agente, jefe de la unidad adscrita a los juzgados de Alicante, "se le en cendió la bombilla" y consiguió identificar los dos cadáveres hallados hace un decenio enterrados cerca de esa capital: corresponden a los supuestos etarras José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala, presuntamente torturados y asesinados por los GAL. Según el juez donostiarra Fernando Andreu, el hallazgo e identificación de ambos ciadáveres "puede abrir una provechosa línea de investigación para llegar a esclarecer detalladamente los hechos y establecer la autoría". Un alto cargo de Justicia e Interior dijo ayer que la investigación ha sido llevada con tanto sigilo que la conoció hace apenas unos días.

Hace tres semanas, el inspector jefe Jesús García García, de unos 50 años, se puso en contacto con el Fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para comentarle que relacionaba las declaraciones de Amedo sobre el intento de los secuestradores de Marey de enterrarlo en cal viva con los dos cadáveres que desde hace 10 años había en el depósito del cementerio y que no habían sido inhumados por problemas burocráticos.El fiscal hizo gestiones antes los familiares y consiguió que el juzgado de Alicante encargado del caso solicitara a los archivos de la Dirección de la Guardia Civil la bala hallada junto a los cadáveres que es una pieza clave de la investigación: un cartucho GECO del calibre 9 milímetros Parabellum, habitual hace 10 años entre la Guardia Civil y los GEO de la policía. Un proyectil idéntico ha sido hallado ahora "tras cribar la tierra y la cal existente en la fosa" donde los asesinos enterraron los cadáveres.

Los investigadores trabajan. con la hipótesis de que Lasa y Zabala hubieran permanecido secuestrados cuatro meses antes de ser asesinados. Se basan en la reivindicación dirigida el 20 de enero de 1984 a Radio Alicante: "A las tres de esta tarde hemos ejecutado a los miembros de ETA Lasa y Zabala. Antes de morir han pedido un sacerdote y no se lo hemos concedido porque no se, lo merecían".

En el mismo comunicado se proferían amenazas contra los partidos políticos, las manifestaciones de apoyo a los refugiados vascos y el etarra Miguel Ángel Apalategui, Apala, y su familia.

Según declaró ayer Sebastián García Raja, comisario provincial de Alicante, al inspector jefe "se le encendió la bombilla" y llegó al convencimiento de que los cadáveres" del depósito correspondían a los activistas desaparecidos, según un informe que realizó el 15 de marzo. Además, el inspector llegó a la conclusión de que ambos fueron torturados con el objetivo (le "sacarles información respecto de un hecho o suceso de muy singulares características descartándose, por tanto, un ajuste de cuentas entre delincuentes comunes, un homicidio circunstancial o unos asesinatos por motivación sexual", según expone en el informe.

El policía también llegó al convencimiento de que "el móvil de estos homicidios sería obtener información sobre activistas o actividades terroristas de ETA, ya que Lasa y Zabala, según el servicio de Informática de la Dirección de la Policía, formaban parte del comando Goki de ETA militar, y la autoría de su secuestro o desaparición es atribuida al GAL" por la propia Dirección de la Policía.

El inspector jefe y el forense Francisco Echeberría Gabilondo consiguieron identificar los dos cadáveres prácticamente sin dudas: la descripción de Lasa y Zabala facilitada por sus familiares -sobre todo algunas peculiaridades de su dentadura- se ajustaban perfectamente con los datos de los dos cadáveres. Estaba claro que se trataba de las mismas personas. Sin embargo, la Guardia Civil de Alicante y el Gabinete de Criminalística de la dirección del cuerpo fueron incapaces de identificarles 10 años atrás, pese a que su desaparición había sido denunciada entonces y así constaba en los ordenadores del Ministerio del Interior.

Íñigo Iruin, abogado de la acusación particular en nombre de las familias Lasa y Zabala, declaró ayer: "Con la investigación de estos asesinatos quizá vamos a hacer luz sobre una zona que hasta ahora ha estado oscura u oculta en el organigrama del GAL". No concretó a que zona se refería.

Iruin explicó que el fiscal Gordillo le informó hace un mes de la posibilidad de que los restos de los desaparecidos se encontraran en el cementerio de Alicante. "Comuniqué el dato a las familias y acordamos proponer al fiscal de la Audiencia que el profesor de Medicina Legal de San Sebastián Francisco Echeberría se encargara de la identificación de los cuerpos".

Según Iruin, el forense Francisco Echxeberría Gabilondo se entrevistó con los familiares de Lasa Y Zabala para informarse de cualquier detalle que pudiera facilitar la identificación de los cuerpos casi 12 años después. "Había bastantes datos sobre todo de las dentaduras: uno de ellos tenía las paletas en forma de Ebro y el otro vanos empastes".

Según el abogado, en aquel momento no tenían la seguridad de que los esqueletos fueran los de Lasa y Zabala. El letrado apunta el dato de que en las últimas semanas se ha recuperado un casquillo de bala, marca GECO, abandonado por los asesinos en el lugar en el que enterraron los cuerpos con cal viva. Tras la exhumación de los cadáveres, descubiertos casualmente en 1985, el casquillo no fue incorporado a las pruebas judiciales, después de los estudios balísticos realizados por la Guardia civil.

Encargado hasta ahora de la investigación reabierta en el juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, el juez Fernando Andreu cree que "a expensas únicamente de los resultados de las pruebas de ADN que van a practicarse, puede afirmarse con casi total seguridad que los cadáveres hallados en el paraje Foya de Coves, en el término alicantino de Busot, corresponden a los desaparecidos".

El magistrado añadió que "la forma en que se produjeron esas muertes, la existencia misma de una reivindicación, que en su tiempo se dio por falsa, y los datos que obran en la investigación practicada hasta ahora corroboran la autoría de ese grupo terrorista", en referencia a los GAL.

El juez de San Sebastián estaba a la espera de las comisiones rogatorias reclamadas a la Justicia francesa para que tomara declaración a los mercenarios de los GAL Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier presuntos autores del secuestro de Lasa y Zabala, según las declaraciones del gal Daniel Fernández Adeña.

Andreu barajaba la posibilidad de llamar a declarar al ex subcomisario Amedo, en la confianza de que éste se decidiera a colaborar en el esclarecimiento de este caso o a aportar datos que condujeran siquiera a la localización de los cadáveres, objetivo primordial que ha movido a las familias de las víctimas en los últimos 11 años.