Granados ordena al fiscal que inste a Garzón a abandonar la investigación de los papeles de Laos

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, no ve con buenos ojos que Baltasar Garzón instruya el caso de la falsificación de los papeles de Laos, asunto que le correspondió por reparto. Pero todo hace indicar que el magistrado del caso GAL continuará investigando cómo se fraguaron los polémicos documentos que avalaban la "extradición administrativa" de Luis Roldán. Granados considera que debe ser la juez de instrucción María Tardón la que tramite el caso; de ahí que sugiriese a la fiscalía de la Audiencia Nacional que pidiese a Garzón que se apartase del asunto. Pero los fiscales desoyeron la orden verbal y le emplazaron a que se lo dijese por escrito. Granados ordenó ayer finalmente al fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, que inste a Garzón a que se inhiba. La magistrada no opina como él. Ayer mismo reiteró que el competente es Garzón.

La Fiscalía de la Audiencia de Madrid y la de la Audiencia Nacional, dependientes ambas de Carlos Granados, mantienen criterios distintos sobre el mismo tema: el juzgado al que corresponde investigar la falsedad de los papeles laosianos. Esta aparante paradoja, según representantes de partidos de la oposición, se explicaría por el interés del Gobierno en apartar a Garzón de ese asunto. Ayer mismo el portavoz adjunto de Izquierda Unida, Diego López Garrido hablaba abiertamente de "cadena de descalificaciones e interferencias contra los jueces".Según estas versiones, Garzón ya es molesto por todo. Por el caso GAL y el caso Amedo -por los que mantiene en prisión a Vera, Sancristóbal y Damborenea- ;por dar curso a la denuncia de Roldán- que ha salpicado a Narcís Serra y Julián García Vargas, amén de todos los altos cargos de Interior entre 1986 y 1993- y por el hecho de que al polémico juez le haya tocado también la denuncia de José María Ruiz-Mateos y de. la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la falsedad de los papeles de Laos.

Los socialistas y varios miembros del Gobierno se han quejado amargamente de la "pasividad" del fiscal general del Estado, Carlos Granados, nombrado en sustitución de Eligio Hernández, con el que el contraste es evidente. Hernández, de carácter beligerante, adoptaba decisiones polémicas, siempre en defensa del Ejecutivo y del partido del Gobierno.

Granados, tildado de pusilánime y poco comprometido con la causa socialista, se ha visto entre las cuerdas. Acosado por los que le nombraron, que le piden más vigor, y desoído por sus subordinados, que han decidido atenerse estrictamente a la legalidad sin entender razones de Estado y mucho menos de partido, ha decidido finalmente ordenar por escrito para que le hagan caso.

El dictamen jurídico sobre el que se ha basado para ordenar a sus fiscales que insten que la instrucción del caso sobre los papeles de Roldán se realice en un juzgado de Madrid, en lugar de en la Audiencia Nacional, no tiene en cuenta el lugar donde ocurrieron los hechos.

En la página 4 del dictamen, en el capítulo relativo a la competencia para conocer de los hechos, se dice: "Si se parte del desconocimiento del lugar de comisión del delito, habrá que estar a los fueros subsidiarios del artículo 15, el primero de los cuales conduce a la competencia de los Juzgados de Instrucción de Madrid, lugar donde han aparecido las pruebas materiales del delito [documentos falsos]".

El fiscal general del Estado no tiene en cuenta en su escrito que los papeles falsos -en los que consta la firma auténtica de Roldán- no aparecieron en Madrid, sino en el área de tránsito del aeropuerto de Bangkok. Según los policías que trajeron a Roldán, los documentos falsos les fueron entregados en un sobre por el supuesto capitán Khan, y previamente el prófugo los había firmado en Laos, según afirma.

Los hechos, la falsificación de los documentos y su uso, han sido denunciados en tres ocasiones. Ruiz-Mateos y los fiscales de la Audiencia Nacional presentaron su escrito en este organismo por considerar que se trata de un delito presuntamente cometido por un español en el extranjero. El propio ex director de la Guardia Civil Luis Roldán denunció los hechos en el juzgado de guardia y la causa le correspondió al de instrucción número 11, cuya titular, María Tardón, decidió remitir el caso a Garzón por dos motivos: que él tenía ya una investigación abierta sobre hechos similares y que si el delito fue cometido en el extranjero, la competencia es de la Audiencia Nacional.

Granados y el fiscal de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, recurrieron la decisión de la juez Tardón, pero la magistrada se ratificó ayer en su decisión inicial. Granados quiere ahora que los fiscales de la Nacional pidan a Garzón que se inhiba en favor de una juez que acaba de decidir que ella no es la competente, sino precisamente Baltasar Garzón.