¿Defendemos bien a las víctimas de la justicia?

¿Se da suficiente espacio informativo a las llamadas víctimas de la justicia? Es el problema que ha planteado al Defensor del Lector Alexandre Xavier Casanova Domingo en nombre de la Asociación en Defensa de los Usuarios de la Justicia, de la que es miembro.Se queja el lector de que, en nuestro diario, "los puntos de vista hostiles y críticos con la judicatura quedan más bien silenciados". Y echa en cara la falta de crítica de los diarios ante ese "grupo de presión que son jueces, abogados y fiscales", que se defienden a sí mismos hasta el punto -dice el lector de que desde 1982 (fecha del actual Código Penal español) "ha habido numerosos casos de particulares encarcelados y condenados por desacato e injurias a jueces, y ni un solo caso de juez encarcelado o expulsado para siempre de su cargo por meter en prisión indebidamente a un inocente".

La opinión pública es" ' sin duda, muy sensible frente a las dificultades burocráticas que suele encontrar la víctima sin protección en los meandros de la justicia. Y entiende con dificultad, por ejemplo, que el rico que puede pagar una fianza -quizá con el dinero que ha sustraído ilegalmente a la comunidad o a la Administración del Estado- pueda salir de la cárcel, mientras que el pobre -desgraciado que no puede hacer frente a la fianza o pagarse un abogado de prestigio debe seguir pudriéndose entre rejas.

Lo que no es tan claro es si, en este caso, es justa la crítica que se hace a este diario de olvidarse de los derechos de los usuarios de la justicia.

En el caso concreto de las críticas recibidas en este departamento por la citada asociación de defensa de los derechos de las víctimas de la justicia, el Defensor del Lector ha pedido su opinión a Bonifacio de la Cuadra, corresponsal jurídico del periódico, que ha respondido así: "Vaya por delante la autocrítica por no reflejar más y mejor las tribulaciones y problemas que padecen los justiciables en nuestro país. Ése es uno de los objetivos principales de la información jurídica de este periódico, y no por una concepción populista, sino porque se trata de un tema de gran, interés general. Baste pensar que los desmanes del poder judicial con los ciudadanos son tan generalizados que las reclamaciones al Defensor del Pueblo contra la Administración de justicia ocupan el primer lugar en la lista de quejas".

Pero, dicho esto, Bonifacio de la Cuadra desea subrayar que precisamente EL PAÍS "viene reflejando periódicamente -incluso en solitario-, desde hace años, numerosas reclamaciones concretas de ciudadanos y víctimas de la Administración de justicia", y que uno de los reportajes recientes publicado en este diario se titulaba Los jueces no saben sumar, y que otros títulos de temas abordados anteriormente sobre el tema son igualmente significativos, como Errores judiciales que pagamos todos; Justicia, tarde y mal; El cachondeo de la justicia; Justicia, una máquina que no funciona.

De lo que nadie duda es de que el problema de la defensa de los, usuarios o víctimas de la Administración de la justicia existe y que los medios de comunicación deben. tenerlo siempre muy presente. A este respecto, Francisco Gor, otro experto de este diario en problemas de jurisprudencia, comenta: "Creo que la justicia ofrece un amplio campo, apenas transitado todavía, a la iniciativa de las organizaciones de usuarios y consumidores". Porque la justicia se realiza, añade, "a través de un entramado administrativo

de un sistema de trabajo que deja mucho que desear en cuanto a eficacia y calidad. Es lo que se ha venido en llamar servicio público de la justicia. Y en este terreno la justicia no constituye ninguna excepción respecto de las otras áreas administrativas del Estado". De ahí concluye Gor "que se deberían atender, más de lo que se ha hecho hasta ahora, las quejas y reclamaciones de los usuarios de la justicia por parte, por ejemplo, de los decanatos de los juzgados, las salas de gobierno de los tribunales, el mismo Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, de los medios de comunicación".

Control democrático

El Defensor del Lector ha pedido también su parecer sobre las críticas hechas a este diario por la citada asociación en defensa de los usuarios de la justicia al magistrado José Antonio Alonso, de Jueces para la Democracia. El juez Alonso ha querido hacer' una premisa: que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, según la Constitución, el sistema de recursos no permite más alternativa que "la crítica a las resoluciones judiciales una vez dictadas". Lo que no impide, subraya el magistrado, "que se les pueda exigir responsabilidad disciplinaria a los jueces que desempeñen mal su labor y que pueden, en tal caso, ser sancionados". Y, en contra de lo que afirma el lector, recuerda que "no es infrecuente que los jueces. reciban tales sanciones". Alonso admite la existencia de un déficit de control democrático del poder, y no sólo del judicial", pero subraya que, entre otras cosas, dicho déficit "nace de la falta de articulación de la llamada sociedad civil, escasamente movilizada a nivel asociativo". ¿Tienen entonces razón estas asociaciones de usuarios de la justicia que se quejan de falta de atención en los medios de comunicación. En este campo, el juez Alonso ha sido tajante: "En la sociedad civil está lo bueno (por ejemplo, las asociaciones que trabajan por los derechos humanos), pero también lo malo (piénsese en los colectivos racistas, por citar, alguno)". Y pone cuatro condiciones de las que depende el que una asociación de usuarios de la justicia pueda tener incidencia social y merecer la atención de los medios de comunicación: "Del norte ético que asuman sus estatutos (ya que los jueces son alentados por los demócratas, pero también por los que no lo son); de que tengan en su seno usuarios de la justicia; de su trayectoria histórica,- ya que para compararse con asociaciones como Amnistía Internacional u otras semejantes hay que acreditar un currículo histórico indiscutible". Y, por últirno, que no se olvide que el poder de los jueces es pasivo y no puede tomar decisiones que competen sólo al poder político.

Faltan asociaciones serias

En esta misma línea ha insistido ante el Defensor del Lector Bonifacio de la Cuadra, quien afirma: "En la información sobre el deficiente funcionamiento de la justicia nos ayudaría mucho la existencia de eficaces organizaciones de usuarios de la justicia. Pero, lamentablemente, no las hay, y, cuando surge alguna, no ofrece datos concretos, comprobables, sobre las injusticias de las que dicen sentirse víctimas. Y concluye De la Cuadra con unas palabras que el Defensor del Lector asume plenamente: "0jalá los usuarios de la justicia se organizaran de verdad para defenderse. En todo caso, aunque no lo hagan así, nuestra obligación es, dentro de nuestras posibilidades, informar con la máxima amplitud sobre esta materia, en servicio de nuestros lectores, a los que sobre todo nos debemos".Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número 91 / 337 78 36.