El fiscal del Estado niega que el acuerdo con Laos limite la instrucción

Carlos Granados, fiscal general del Estado, considera que "el hipotético valor jurídico" de las condiciones de la llamada extradición administrativa del ex director de la Guardia Civil, de las que se enteró por la prensa, "no afectará a los interrogatorios de Luis Roldán ni a las actuales diligencias previas, en las que se indagan los hechos sin establecer a qué figuras delictivas corresponden, por lo que las preguntas no tienen por qué restringirse".Granados reconoció que tanto la juez como el fiscal del caso "tendrán que mojarse cuando llegue el momento del procesamiento o de la acusación".

A preguntas de los informadores, en un encuentro organizado por el decano de los abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, el fiscal general del Estado declaró que se había enterado de los documentos de extradición por la prensa, ya que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, no le había informado. Granados añadió que el fiscal, siempre presente en la causa, ha sido informado a la vez que la juez. "Lo extraño habría sido que el fiscal general se enterara antes del juzgado".

Sobre la validez de la extradición de Roldán, el fiscal general aseguró que será objeto de estudio por los organismos técnico jurídicos de la fiscalía y no descartó que las condiciones del Gobierno de Laos no vinculen al poder judicial español.

Granados expresó su deseo de mostrarse "muy prudente" sobre esta materia y reconoció los "pocos precedentes" que existen, ya que en el caso del empresario José María Ruiz-Mateos, entregado por el Gobierno alemán, había precedido una petición formal de extradición que no se ha producido respecto al ex director de la Guardia Civil.

Especialidad y reciprocidad

Situándose siempre en la hipótesis de que la restricción del Gobierno de Laos al enjuiciamiento de Roldán tenga alguna eficacia, Granados explicó que los principios a tener en cuenta, ante la ausencia de convenio de extradición, son los de doble incriminación [que los hechos sean delitos en ambos países], reciprocidad y especialidad.

[Un factor a tener en cuenta es que cuando Roldán pueda ser sentenciado en firme probablemente habrá entrado en vigor el nuevo Código Penal, que reducirá las penas previstas para la malversación. En la actualidad, las cantidades presuntamente malversadas por Roldán podrían hacer recaer sobre él una pena incluso superior a los 20 años de cárcel. En el futuro código, la malversación estará castigada con una pena de cuatro a ocho años, pena que se asemeja más a la prevista en los términos de la extradición autorizada por Laos, que oscila entre cinco y siete años. Respecto al delito de cohecho, en el futuro código estará castigada con una pena de dos a seis años, en tanto que Laos autoriza a que Roldán sea penado con un máximo de cinco años].