"Los colombianos hemos utilizado la violencia como forma de relación social"

A los seis meses de ser elegido presidente de Colombia, Ernesto Samper conserva todo su carisma. A sus 43 años no es reelegible constitucionalmente, y por ello se ha trazado un programa finalista para cuatro años, cuya prioridad es eliminar la violencia como forma de relación social. Es consciente de que Colombia tiene un problema real con el narcotráfico, y otro de imagen. Está obsesionado, como todos los políticos colombianos, con el "certificado de buena conducta" que Estados Unidos tiene que conceder a Colombia en pocos días por su lucha contra el narcotráfico -que es básico para recibir ayudas internacionales-, y consideraría una injusticia y una miopía no recibirlo. Acepta con agrado la analogía con España entre Felipe González y él y el candidato conservador derrotado y José María Aznar. Y se muestra partidario de un modelo socialdemócrata de desarrollo para América Latina.Pregunta. Apenas hace medio año que está gobernando. ¿Cómo ha cambiado Colombia en estos seis meses?

Respuesta. Ha cambiado, sobre todo, el estilo del Gobierno. Sin poner en cuestión el anterior, he puesto en marcha una cultura de la concertación. El problema más grave' que tiene Colombia en estos momentos es el de la violencia; nada parece poder arreglarse si no es sobre la base del conflicto como forma de convivencia.

P. "Tenemos que aprender a solucionar los conflictos sin matarnos". Esta frase la pronunció usted en la campaña electoral. ¿Es Colombia el país más violento del mundo?

R. No sé si es el más violento, pero, insisto, durante muchos años los colombianos hemos utilizado la violencia como forma de relación social. El mayor reto que tenemos, el primer punto de mi programa de legislatura, es formar un nuevo ciudadano más participativo en lo político, más solidario en lo social, más productivo en lo económico, menos depredador.

P. No menciona dentro de esta concertación, a dos segmentos tan conflictivos como la guerrilla y el narcotráfico.

R. Además de los factores objetivos de desigualdad y de pobreza, en Colombia existen tres grupos que generan la violencia armada: la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares. La guerrilla colombiana es la más antigua de América Latina, lo cual hace más difícil cualquier esquema de consenso. Mi planteamiento es una política de paz que no caiga en los mismos errores en los que hemos incurrido hasta ahora; por ejemplo, que no tenga como base para sentarse a negociar la desmovilización y el desarme de los guerrilleros, porque es utópico. Vamos a hacer el esfuerzo de negociar en medio de la guerra y habiendo aprobado en el Congreso el protocolo de la Convención de Ginebra. Respecto al narcotráfico, mi actitud es muy firme: perseguir a los carteles y erradicar los cultivos. En cuanto a los grupos paramilitares, que son el elemento armado de la derecha, estamos estudiando su desactivación aplicando la ley con unos determinados beneficios: si no manejamos conjuntamente la ley y los beneficios, no habrá paz.

P. Es decir, ¿no hay negociación con los narcos? En la prensa he visto que se ha reactivado la polémica sobre las extradiciones de los narcotraficantes para ser juzgados fuera de Colombia.

P. Respecto a lo primero, es la fiscalía de la nación la que tiene atribuciones legales para tramitar las condiciones de las posibles entregas de los narcos. En cuanto a la extradición, está prohibida constitucionalmente. Tratar de reformar este mandato sería muy doloroso; la opinión pública está en contra de la extradición. De lo que se trata es de juzgar de forma justa a los narcos dentro de Colombia.

P. Entonces no es cierto lo de que los narcos prefieren "una tumba en, Colombia a una celda en los Estados Unidos".

R. Ésa fue una frase pronunciada en un contexto diferente, en Medellín, cuando se estaba desarrollando una oleada de narcoterrorismo. Ahora es diferente; ahora nos enfrentamos a una forma más poderosa, compleja y demoledora de narcotráfico: la narcocorrupción. No es el Estado persiguiendo a un delincuente por todas partes, sino el Estado tratando de desmantelar una poderosa máquina de corrupción que ha creado una especie de coraza de seguridad alrededor de muchos narcotraficantes. Las medidas tomadas por mi Gobierno en estos seis meses contra la droga prueban que considero el narcotráfico como un problema contra la seguridad nacional, con esa gravedad lo estamos tratando; queremos desmantelar los carteles, encarcelar a sus cabecillas, pero también exigir a la comunidad internacional sus propias responsabilidades en la disminución del consumo, la interdicción de elementos químicos o la lucha contra el lavado de dólares.

P. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, debido a asuntos como el del narcotráfico, no atraviesan precisamente su mejor momento. ¿Cómo han influido en ellas la victoria de la extrema derecha republicana en el Congreso?

R. En teoría no debería influir, ya que Colombia ha mantenido históricamente tan buenas relaciones con los republicanos como con los demócratas. Lo que sí puede tener incidencia es la pugna interna que se está produciendo en Washington entre Clinton y los republicanos para ver quién manda de hecho en Estados Unidos.

P. En los próximos días se conocerá si EE UU aprueba o no, para Colombia, la certificación por la lucha contra el narcotráfico, que tanta influencia tiene, por ejemplo, para la concesión de créditos.

R. Ése será el momento de saber si hay endurecimiento o no de las posiciones de EE UU respecto a Colombia. Estados Unidos se reserva el derecho de calificar a los países en sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico o a favor de los derechos humanos. Prácticamente se convierte en un certificado al país mismo, no a sus gobernantes.

P. Los periódicos colombianos -algunos de los cuales califican a este proceso de "certificado de buena conducta" y lo critican afirmando que eso sólo lo hacían los virreyes- explican que las posiciones norteamericanas más duras las mantiene el senador republicano Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

R. Todavía no estoy en condiciones de saber si ese senador tiene o no animadversión respecto a Colombia.

P. También se dice que ese certificado tiene que ver con la política colombiana respecto a Cuba. ¿Cuáles son las relaciones de Colombia con Cuba en este momento?

R. Creemos que Cuba debe acelerar su transición hacia la democracia, pero también pensamos que el bloqueo no es el camino que facilitará esos cambios. El bloqueo traslada sobre el pueblo toda la penuria.

P. El otro asunto que ha mencionado en relación al certificado norteamericano es el de los derechos humanos.

R. El problema de los derechos humanos es de realidades, no de imágenes o declaraciones. Hemos tomado decisiones muy audaces, como la apertura de oficinas de derechos humanos en todas las guarniciones del Ejército, las cuales reciben las denuncias de las violaciones en que puedan haber incurrido los militares contra la población civil.

P. Su programa se basó en un aumento muy fuerte de la inversión social.

R. A estas alturas ya hemos cambiado totalmente el énfasis presupuestario del Gobierno; en los presupuestos de este año el peso del gasto social (salud, vivienda, educación, interés social y desarrollo comunitario) ya ha crecido. El plan de desarrollo que se encuentra ahora en el Congreso y sobre el que creo que va a haber casi unanimidad en las fuerzas políticas.

P. La otra pata de su política económica es el pacto social.

R. Hay un pacto social para un año -y que yo aspiro a que se renueve por otro-, firmado por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, que está permitiendo reducir la inflación y considerar, por primera vez, la inflación esperada, no la pasada como elemento de negociación.

P. Usted se ha definido como un socialdemócrata. Ha declarado que quiere "abrir un nuevo espacio desde el liberalismo hacia la izquierda democrática".

R. Ésta es una pregunta muy europea. En América Latina las definiciones tienen un contenido más pragmático. En América Latina se está abriendo un modelo de desarrollo alternativo. Fracasado el neoliberalismo, se está ensayando otro modelo que no vuelve al proteccionismo de los años sesenta. La única forma de legitimar los cambios y de que la democracia se fortalezca es corrigiendo las desigualdades y protegiendo a los marginados. Se trata de un modelo socialdemócrata de desarrollo.

P. Por último, ¿qué postura ha mantenido Colombia ante la guerra entre Ecuador y Perú, denominada por el escritor Vargas Llosa como la guerra absurda"?

R. Absurda como todas las guerras. En América Latina, el problema de la tierra, más que en ningún otro lugar, es de identidad. Los latinoamericanos nos miramos en cualquier centímetro de tierra. A muchos les puede parecer que la disputa por una zona amazónica no tenía sentido, pero es un sentimiento ancestral. Colombia ha hecho algunos esfuerzos de intermediación, hasta que nos dimos cuenta de que tanto Ecuador como Perú tenían razón desde su punto de vista.