El Gobierno aprobará antes de junio sus ofertas del debate de la nación

El Gobierno decidió en el pasado, Consejo de Ministros del viernes acelerar al máximo los compromisos que contrajo en el debate sobre el estado de la nación, con el objetivo de que en el próximo mes de junio pueda presentar aprobadas o muy avanzadas todas sus ofertas. A últimos de junio, el Ejecutivo quiere empezar las conversaciones para los Presupuestos Generales de 1996. El objetivo, además de con necesidades técnicas, tiene que ver con el deseo del Gobierno de demostrar que no piensa convocar elecciones durante ese año.

Los ministros estudiaron el pasado viernes todo el paquete aprobado que será objeto inmediato de negociación con sus socios de CiU, con la pretensión de hacer partícipes de la misma al PNV.El hecho de que el pasado viernes los ministros estudiaran pormenorizadamente la resolución que aprobó el Parlamento no fue una cuestión formal, sino de absoluta necesidad, ya que al gunos de ellos no participaron en su elaboración. El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, fueron los artífices de las propuestas, con la participación del ministro de Economía, Pedro Solbes; el de Trabajo, José Antonio Griñán; el de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y el de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

El Gobierno envió la resolución a CiU antes del debate y fue devuelta con el visto bueno de los nacionalistas, aunque con una ordenación diferente. También CiU borró un preámbulo de casi tres folios en los que se cantaban las excelencias del pacto y del acuerdo en democracia por los efectos de estabilidad que produce. La presentación quedó resumida en medio folio a instancias de CiU, con lo que el objetivo de los socialistas de convertir el debate sobre el estado de la nación en una suerte de cuestión de confianza quedó menos explícito.

El calendario gubernamental pasa por la aprobación casi en su totalidad de todos los proyectos que en el Congreso sólo tuvieron el apoyo de CiU. Ahora pretenden que el PNV participe en el consenso, según le expresó el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, al presidente del PNV, Xabier Arzalluz. Si nada se le tuerce, a finales de junio el Gobierno quiere empezar la discusión con sus socios de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, dando muestras de su pretensión de no convocar elecciones durante ese año.

La primera fase que va a desarrollarse contiene los siguientes proyectos: proyecto de ley sobre el impuesto de sociedades; la prórroga de amortización anticipada para las inversiones creadoras de empleo que se inicien en 1995; primeras medidas para mantener el objetivo de reducción del déficit público previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 1995, y las medidas urgentes para garantizar los abastecimientos hidráulicos a las zonas más afectadas por la sequía.

La segunda tanda de medidas que el Gobierno aprobará en un plazo de un mes son las siguientes: comienzo de las reformas estructurales mediante la aprobación de la ley del comercio, regulación de las telecomunicaciones por cable y reforma de la Ley del Suelo. Las ayudas a las víctimas de delitos violentos están siendo ya estudiadas por la. comisión de subsecretarios, y de inmediato se pasará al Consejo General del Poder Judicial. Esta norma puede estar aprobada a últimos del mes de abril.

El Partido Popular no consiguió que el Gobierno sustituyera su concepto de "ayudas" por el de indemnizaciones. Los populares preferían esta segunda idea por cuanto vendría dada por resolución judicial. Al ser aprobado como ayuda, queda en manos del Gobierno la fijación de la cantidad.

Con la próxima publicación del Libro Blanco sobre financiación autonómica se presentará una nueva propuesta de corresponsabilidad fiscal al Consejo de Política Fiscal y Financiera. De nuevo se asistirá a un amplio debate sobre lo que fue una auténtica batalla por la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, ahora en revisión.

Los criterios del Gobierno y de sus socios nacionalistas son los siguientes: establecimiento de mecanismos que garanticen la aplicación efectiva del principio de solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones; garantía constitucional del nivel mínimo de prestación de los servicios públicos, y coordinación presupuestaria y financiera entre Hacienda y las comunidades autónomas.