CiU rectifica como 'fe de errores' su opuesta de cambiar la Ley de Costas

El Grupo Parlamentario Catalán ha sustituido por otra versión su anterior proposición para modificar la Ley de Costas de 1988, que tantas críticas recibió de colectivos ecologistas y del Ministerio de Obras Públicas (MOPTMA). Éstos interpretaron que los nacionalistas catalanes pretendían rebajar la defensa del litoral con el argumento de recuperar competencias para las autonomías. Convergència i Unió ha presentado el nuevo texto como una corrección de errores de la versión anterior. Los grupos ecologistas se declaran satisfechos con esta fe de errores.

Al acudir a una corrección de errores, los plazos de tramitación no se paralizan y el texto podrá someterse a votación dentro de unos días. La fe de errores tiene 13 folios y afecta a 34 artículos o apartados de la ley, 23 más que en la redacción anterior. En CiU admiten que la primera versión fue efectivamente un error, porque de ella se desprendía la lectura de que iban a desproteger las costas, "cuando el objetivo principal era recuperar competencias autonómicas laminadas por la ley actualmente en vigor".La nueva proposición de ley se centra en reclamar para las autonomías competencias hoy en manos de la Administración central, pero sin cuestionar los mínimos que establece la ley.

Greenpeace, Depana y el Consejo Ibérico se declararon ayer satisfechos con la rectificación de CiU, porque sus reivindicaciones han sido mayoritariamente recogidos en el nuevo texto. Estos grupos ecologistas consideran legítimas las reivindicaciones competenciales que mantienen los nacionalistas catalanes, "siempre y cuando éstas no se utilicen en detrimento de la conservación del medio ambiente".

La nueva redacción admite que las limitaciones y servidumbres en la protección del dominio público marítimo-terrestre que fija la Ley de Costas es una "regulación mínima" que las comunidades autónomas podrán ampliar (algo que ya permite la ley actual). En la primera redacción, la regulación de la ley se aplicaba de forma supletoria a la normativa urbanística correspondiente, lo que provocó la alarma en el MOPTMA y entre los ecologistas, temerosos de que la normativa urbanística, competencia de ayuntamientos y autonomías, fuera más laxa que la ley.

"Es un hecho que las presiones para poder construir en la costa son más fuertes que la capacidad de resistencia de las administraciones que están más cerca del ciudadano", declaró en septiembre el director general de Costas del MOPTMA, Fernando Javier Osorio, quien calificó la primera propuesta de CiU como un "ataque frontal" a la ley de 1988.

El nuevo texto no propone, a diferencia del anterior, que se suprima la prohibición de estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos por las playas, así como los campamentos y acampadas. CiU mantiene su reclamación de que las comunidades autónomas ostenten muchas de las atribuciones que la ley vigente otorga a la Administración del Estado en la protección de la costa, pero por lo general acepta que se apliquen las normas mínimas que establece la ley.