El Supremo niega el carácter secreto de los fondos reservados si median delitos

Si un juez sospecha que los fondos reservados han sido utilizados con fines delictivos, como ocurre con los atentados de los GAL, el secreto no ha lugar. Así lo aseguró ayer la Sala Segunda del Tribunal Supremo al reconocerle al magistrado Baltasar Garzón su derecho a investigar si la financiación de los Grupos Antiterronstas de Liberación procedió de las partidas reservadas de Interior. "El Estado de derecho tiene como una finalidad esencial el poner fin a las llamadas inmunidades del poder", afirma el Supremo al rechazar la querella contra el juez instructor del caso GAL del ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, encarcelado el jueves.

Paralelamente, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional reabrió ayer, a petición de Garzón, el sumario principal de los GAL, conocido como el caso Amedo. Durante su instrucción, los policías José Amedo y Michel Domínguez (condenados ambos a 108 años de cárcel), sus superiores y los ministros del Interior de la época, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, negaron al juez cualquier información sobre los fondos reservados, y su eventual uso en la comisión de atentados, con el argumento. de que su naturaleza era secreta.El auto del Supremo asegura que "revelar a la autoridad judicial que investiga la posible comisión de un delito de uso concreto de los fondos reservados no integra delito alguno y es una obligación del funcionario no implicado."

Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de un millón de pesetas a los inspectores Juan Ramón Corujo Rodríguez y Luis Hens Serena, acusados por su ex compañero Domínguez de haber custodiado a Segundo Marey mientras permaneció, secuestrado por los GAL en diciembre de 1983.