Cruce de acusaciones entre PSOE y PP sobre la actividad de Focoex

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la empresa pública Focoex (Fomento de Comercio Exterior) sirvió ayer como pretexto para un duro cruce de acusaciones entre el Grupo Popular y el Socialista en el Congreso. Los diputados populares Loyola de Palacio y Rafael Hernando afirmaron. que la gestión de dicha empresa demuestra que los socialistas "confunden los intereses generales de la sociedad española con los de ciertos grupos y personas" e inscribieron las presuntas irregularidades de Focoex con un clima generalizado de corrupción en el que "al amparo del felipismo, algunos responsables han montado un sistema de rapiña" de las arcas públicas.Fernando Gimeno, del PSOE, replicó asegurando que "el PP pretende liquidar una empresa con mayoría de capital público, que tiene beneficios" y acusó a la oposición de despreciar los intereses de las empresas exportadoras españolas, beneficiarias de la financiación gestionada por Focoex, con sus "insinuaciones, sospechas e insidias".

Los responsables del PP afirmaron que el Gobierno "ha mentido al Parlamento" al no facilitar la lista completa de empresas contratistas, de Focoex e indicó que la firma Eductrade ha sido una de las más beneficiadas por los contratos de material educativo y sanitario. Hernando no quiso establecer "una relación, causa-efecto" entre estas adjudicaciones y el hecho de que Eductrade tenga entre sus propietarios a Jesús de Polanco, presidente del grupo PRISA y del diario EL PAÍS. Y afirmó que su partido quiere llegar "hasta el fondo" y pedirá una comisión de investigación si no se aclara.

Informe sobre las cuentas

Gimeno contestó que "no ha habido ningún, privilegio con ninguna empresa" en la gestión de Focoex, aunque la ley no obliga a esta compañía pública a regirse en sus relaciones mercantiles por las mismas normas que la Administración. El diputado socialista consideró "un absurdo" que se pretenda una investigación parlamentaria tras el "minucioso" informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, que, recordó, ha desmentido "las veladas acusaciones e insinuaciones sobre ilegalidades o favoritismos" que lanzó hace meses el PP. Acusó a Hernando de haber mentido, y no rectificar, cuando dijo públicamente que las empresas contratadas por Focoex eran ilegales y no figuraban en el Registro Mercantil, lo que se ha demostrado falso.

Por su parte, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo, sugirió ayer en el Congreso que los informes de fiscalización de empresas públicas tengan un tratamiento reservado y se debatan a puerta cerrada. La presidenta admitió, a propósito de la fiscalización de la compañía Focoex, que este tipo de in formes resultan especialmente delicados, pues la ley obliga a dar la máxima difusión a información que las empresas consideran "estratégica o muy sensible" de cara a sus competidores.