Telefónica pide 100.000 pesetas a un inmigrante por darle línea

Telefónica exigió una fianza de 100.000 pesetas a un inmigrante brasileño en Valencia por instalarle el aparato. El caso del afectado, casado con una valenciana, sirvió ayer al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Granados, para ejemplificar las discriminaciones que han de sufrir muchos extranjeros que residen legalmente en España. Según Granados, el inmigrante "pretendió hacer un contrato con Telefónica para la instalación de un teléfono en su casa y le exigieron una fianza de 100.000 pesetas, cosa que no se le hace a un nacional. Pienso dirigirme al director de Telefónica, que es una empresa pública, y espero que me diga cuáles son estrictamente las condiciones de contratación de un abono de teléfono".Telefónica se escuda en el riesgo de impagados para aplicar una normativa por la que se exigen depósitos previos a los inmigrantes para acceder a un servicio que presta en régimen de monopolio.

En Telefónica reconocen que la aplicación de esta normativa -que rige para todo el Estado- es distinta según la comunidad autónoma. En la fijación de la fianza, además, juegan criterios subjetivos, como la impresión que causen los candidatos a los empleados que los entrevistan, según reconocen éstos. Los españoles pueden contratar la línea con una simple llamada telefónica y sin fianza, salvo que consten en el archivo de morosos de la compañía.

Otras discriminaciones

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana citó el caso como ejemplo de discriminación, tras una reunión con mandos policiales y representantes de sindicatos y diversas ONG para analizar los problemas de la inmigración en la Comunidad. Granados citó también las discriminaciones que sufren los magrebíes para alquilar piso. "Hemos sugerido que se pudieran constituir avales, entre otros de los Ayuntamientos", para facilitar el acceso a la vivienda, indicó Granados.

Granados también acogió favorablemente la propuesta de los sindicatos de mejorar las condiciones del centro de internamiento para extranjeros de Valencia. Sin embargo, culpó a los inmigrantes de las malas condiciones de la instalación. "Se rompe mobiliario, instalaciones eléctricas, se pretende la fuga a base de romper cañerías de aire acondicionado, lo que dificulta a veces los buenos propósitos que siempre tenemos".

Con la reunión de ayer, la Delegación del Gobierno pretendía acercar posturas con las organizaciones humanitarias que atienden a los inmigrantes. Francisco Solans, abogado de CC OO en el sector, valoró positivamente el encuentro: "Parece ser que hay una cierta voluntad de cambiar las cosas. Ha sido una primera aproximación y hemos quedado en presentar propuestas. Luego veremos si se aceptan o por lo menos se estudian con ánimo constructivo".