La instructora imputa a Carmen Salanueva a estafa y abre la puerta para el juicio

La segunda de las investigaciones penales seguidas en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid contra la que fuera directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE) Carmen Salanueva ya está concluida. Se trata de las diligencias que ha instruido, contra Salanueva la juez Clara Penín porhaber estafado presuntamente obras de arte a conocidos pintores madrileños invocando el nombre de la reina Sofía y el de Carmen Romero, esposa del presidente del Gobierno. La juez Penín, titular del Juzgado de Instrucción número 29, cree que hay suficientes indicios como para imputar un delito de estafa a Salanueva.

La magistrada ha dictado un auto en el que da por terminadas las pesquisas; de esta forma, según fuentes próximas al caso, deja abierta la puerta para que, en cuestión de meses, la ex directora del BOE se siente en el banquillo de los acusados. No obstante, las diligencias serán enviadas ahora al fiscal y a las partes perjudicadas -entre ellas, el pintor Fernando Rivero- para que califiquen los hechos y reclamen, si así lo estiman, las penas oportunas.Sala nueva, según las pesquisas, consiguió que el pintor Fernando Rivero y, en concreto, la madrileña galería de arte Sokoa, le prestase algunas pinturas para una ficticia exposición en Estados Unidos. También logró que le vendiesen cuadros a un precio módico, argumentando, presuntamente, que sus destinatarios eran doña Sofía, en unos casos, y la esposa de Felipe González en otros.

La juez Penín detuvo a Salanueva hace algo más de un año para pedirle explicaciones sobre el paradero de algunas de las obras de arte que le habían sido prestadas. Salanueva negó tajantemente a la magistrada, durante el interrogatorio, conocer el destino de las obras de arte que le habían prestado.

Sin embargo, la juez ordenó un registro en su casa, y, curiosamente, la policía halló varias de las obras por las que horas antes le había preguntado la juez. Esta estafa que se imputa a Salanueva (y que, a juzgar por las pruebas halladas, puede derivar en una petición de pena de la fiscalía de entre seis meses y años de cárcel, según fuentes de la investigación) es distinta del llamado caso BOE.

La investigación judicial del caso BOE también está ya terminada. Fue instruida por la juez Ana Ferrer y tiene que ver con una presunta malversación de caudales públicos, entre otros supuestos delitos, en la compra de papel para la impresión del Boletín Oficial del Estado.

Por esta supuesta malversación, la juez Ferrer (quien en la, actualidad instruye también el, caso Roldán) procesó hace unos meses a Carmen Salanueva y otras personas, tras estimar que Salanueva causó un perjuicio de unos 500 millones de pesetas al. erario adquiriendo papel para la rotativa del BOE a un precio muy superior al del mercado.