Paz teñida de sangre en El Salvador

ENVIADO ESPECIAL Antes hubo la guerra civil y ahora se ha desatado la delincuencia común. Los titulares de los periódicos, los comentarios en la calle o en las fiestas de sociedad son casi monográficos. Sólo se habla de robos, atracos, secuestros y asesinatos en todo El Salvador. Una violencia de nuevo cuño asuela el Pulgarcito de América.

Paradójicamente, la paz es, en buena medida, la causa de la ola de violencia que se cobra a diario cinco muertos registrados en la capital y varias decenas en el conjunto de un país de tan sólo 5,5 millones de habitantes. Los delincuentes son en su gran mayoría ex policías, ex militares y ex guerrilleros que no han logrado reconvertirse a la vida civil.

Con las armas que no han devuelto roban y matan por un puñado de colones, la moneda salvadoreña. A veces, los secuestradores se conforman con un rescate de tan sólo 10.000 colones (150.000 pesetas) para poner en libertad a sus rehenes, pero otras muchas víctimas caen abatidas gratuitamente a pesar de haber entregado todo lo que llevaban consigo.

Las estadíscas oficiales o son muy fidedignas, pero los consejos prodigados a los forasteros, aunque sea para pasearse por el centro le la ciudad, y las precauciones que toman los salvadoreños son reveladores del clima que vive el país a los tres años de concluir la guerra civil. En algunos barrios han aparecido brigadas de autofensa ciudadana que liquidan a los sospechosos en el más puro estilo de los escuadrones de la muerte.

Producto de los acuerdos de paz, la desmovilización de la Policía Nacional, concluida el 31 de diciembre, y, con anterioridad, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y de casi un tercio de los efectivos del Ejército -en total unos 30.000 hombres- ha dejado sin ingresos a numerosos salvadoreños. Redujo además la operatividad en la lucha contra la criminalidad de unas fuerzas de seguridad que, de todas formas, estuvieron siempre más dedicadas a la lucha contrarrevolucionaria que a Combatir la delincuencia común.

Para ayudarles a reinsertarse a los desmovilizados se les proporcionan indemnizaciones y, si son de origen campesino, pueden obtener tierras, pero estas medidas se aplican con lentitud, hasta el punto de que este último programa sólo se ha ejecutado en un 50%. El Gobierno del presidente Armando Calderón lo achaca, entre otras cosas, a la falta de apoyo financiero internacional y espera obtener 137 millones de dólares (18.000 millones de pesetas).

Las quejas por el retraso en la entrega de las compensaciones prometidas adquieren con frecuencia tintes violentos. La protesta más espectacular consistió, el 25 de enero, en la toma por más de mil ex militares de los edificios de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Hacienda, donde retuvieron a 13 diputados y cientos de funcionarios.

Los ocupantes iban armados -en sendos tiroteos con la nueva policía hubo dos muertos- y no parece que- vayan a devolver pistolas y metralletas. La Asamblea Nacional prorrogó hace 10 días por tercera vez el plazo para la entrega de armas y registrar las alrededor de 300.000 que poseen los particulares.

A los antiguos cuerpos de seguridad ciudadana les sustituye la Policía Nacional Civil, pero ésta también nace salpicada de problemas. Con 7.700 agentes, no cuenta ni siquiera con la mitad de los efectivos necesarios, estimados en unos 20.000, para desempeñar correctamente su labor, según reconoce el viceministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera.

En las zonas rurales, la nueva policía es casi inexistente, y las víctimas de la delincuencia "no tienen a quién acudir", afirma la juez Lucía Guadalupe Posada. "Cada cual se depende como puede", agrega. A la carencia de efectivos y a la inexperiencia se añaden las huelgas esporádicas que la sacuden, como la que llevaron a cabo durante dos semanas 600 agentes en solidaridad con 71 compañeros de la División Antinarcotráfico despedidos a instancias de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador.

Más aún que los programas de reinserción, el mantenimiento del crecimiento económico a su nivel de estos dos últimos años (5%) o su incremento como pronóstica el Gobierno pueden contribuir a resolver el problema de los desmovilizados que siguen empuñando las armas, aunque ahora con otros fines. Con ese propósito, Calderón ha anunciado un plan de ajuste y liberalización económica que prevé la privatización del sector público, pero los sindicatos le han brindado una muy mala acogida.