Empresas fantasma exportaron 60.000 coches adquiridos como vehículos de alquiler en 1994

Las ventajas fiscales de las empresas de alquiler de coches han provocado el nacimiento de una red de empresas fantasma de rent a car que en realidad se dedican a la exportación. Según datos de la patronal de concesionarios de automóviles, Faconauto, en 1994 las empresas de alquiler de vehículos adquirieron 134.000 coches, un 80% más que en 1993. Hacienda estima que el 50% de estos vehículos -entre 60.000 y 67.000 coches- se adquirieron para ser exportados fraudulentamente y afirma que esta práctica constituye "'un fraude contractual, pero no fiscal".

Esta práctica se ha visto favorecida por una circunstancia triple: la gran competitividad de precios de los automóviles españoles frente a los del resto de Europa gracias a la baja paridad de la peseta, la particular fiscalidad que grava al sector en España -desdoblada en un impuesto de matriculación (12%) más el impuesto sobre el valor añadido (16%)- y el hecho de que la compra de coches destinados a empresas de alquiler está exenta del pago del impuesto de matriculación.La técnica desarrollada por estas empresas fantasma es la siguiente:

-Se constituyen en empresas de rent a car, aunque su objetivo real es la exportación de coches.

-Adquieren los vehículos e inmediatamente solicitan a Hacienda la exención del impuesto de matriculación.

-Cuando reciben la exención, exportan el vehículo, pagando sólo el 16% de IVA, en lugar del 28% que pagarían si el coche no estuviera destinado a alquiler (16% de IVA más 12% de matriculación).

-Cuando el coche ya ha sido exportado, Hacienda devuelve al vendedor los impuestos pagados, ya que al ser exportado el vehículo pasa a soportar la imposición del país de destino.

Es decir, mientras los concesionarios habituales se ven obligados a financiar todos los impuestos (el 28% del valor del vehículo) hasta que, meses después, les llega la devolución de Hacienda, estas empresas fantasma sólo deben financiar una parte (la correspondiente al 16% de IVA).

Esta práctica no sólo supone un importante ahorro de gastos, financieros, sino que ha venido a distorsionar las posiciones en el sector de los concesionarios de automóviles. Un portavoz de la patronal del sector Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles) señala que los principales perjudicados por esta práctica son los concesionarios extranjeros, que juegan en desventaja frente a estas sociedades y aquellos concesionarios españoles que ven reducida su cuota de mercado por la competencia de estas empresas.

Según datos de Faconauto, las compras de coches realizadas por supuestas empresas de rent a car crecieron vertiginosamente el año pasado, al pasar de 73.000 vehículos adquiridos en 1993 a 134.000 en 1994. Según la subdirección de Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda, alrededor del 50% de los vehículos adquiridos por estas sociedades está destinado a su imnediata exportación, de lo que se deduce que entre 60.000 y 67.000 coches fueron exportados de forma fraudulenta. Según Faconauto, "la única solución es suprimir el impuesto de matriculación, que discrimina al sector del automóvil".

El automóvil tributa en España un 28%, frente al. 15% en Alemania, y entre el 18% y el 19% en Francia, Italia y el Reino Unido. "Lo importante es reducir el tipo porque así se ampliaría la base: Hacienda recaudaría lo mismo, el sector fabricaría a tope y nos ahorraríamos todo el dinero que cuestan las regulaciones de empleo", afirma este portavoz.

Para Economía, "esta práctica no perjudica a Hacienda, porque ningún coche exportado paga impuestos". Estas fuentes sí admiten, en cambio, que esta práctica supone "un fraude contractual, al adquirirse un vehículo con fines distintos a los que se declaran". Hacienda intenta evitar esta práctica. "La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales señala que la exportación de vehículos de empresas de rent a car sólo podrá realizarse si realmente han sido destinados a alquiler", señalan fuentes de la subdirección citada. Según estas fuentes, a partir de ahora "es un problema de la Inspección, que es quien debe determinar si se cumple o no".