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Insumisión y solidaridad

Con ocasión de la última Pascua Militar, altos jefes militares, y muy en particular el ministro García Vargas, han hecho tronar la acusación de "insolidaridad" contra los insumisos, ahora adornada con el calificativo de "extravagantes". Al mismo tiempo, han aprovechado para felicitarse por tantos chicos sumisos que van a la mili-PSS, dando muestras así, según los oráculos del poder, de "patriotisino". y "solidaridad".Es preocupante que una retórica tan hueca como trasnochada aún encuentre lugar en el discurso público. Para entender lo que el ministro García Vargas y los jefes militares entienden por solidaridad en este contexto, resultará iluminador un breve análisis de los argumentos que una figura autorizada, ni más ni menos que el director general del servicio militar, Laureano García, ofrecía en un reciente artículo (Voluntarismo y ejércitos, EL PAÍS, 3 de noviembre de 1994). En ese artículo, el autor intentaba responder a una serie de argumentaciones y datos que cuestionan la supuesta imposibilidad de eliminar el, reclutamiento forzoso por motivos económicos y demográficos, es decir, lo que se nos plantea como argumentos todopoderosos para mantener la mili vigente.

En su artículo, el director general del servicio militar hacía referencia a dos artículos anteriores. El primero de ellos (El verdadero coste de una tropa profesional, EL PAÍS, 22 de noviembre de 1994) ilustraba lo intrínsecamente falaz de la idea de que un ejército en que soldados y marineros no cobran un salario digno es "más barato" que uno en que están adecuadamente retribuidos. No es cuestión de repetir aquí en detalle lo que ya fue publicado en su día. Baste señalar que tal planteamiento equivaldría a decir que es "más barato" apropiarse de un valor económico -un coche, por poner un ejemplo- sin pagarlo que comprándolo. Claro está, para quien roba el coche su sistema de adquisición es indudablemente "más barato". Pero para quien se queda sin su coche sin recibir nada a cambio ese sistema resulta extremadamente caro e injusto. Y de generalizarse, tal sistema de adquisición sería ruinoso para la sociedad. El trabajo de las personas también es un valor económico. El Estado, al apropiarse por la fuerza del trabajo de los soldados, lo que hace en efecto es imponer una contribución arbitraria y no proporcional sobre un sector de la población (el más débil económicamente), para que otro sector se ahorre los impuestos proporcionales con que tendría que contribuir para poder adquirir ese valor que en la actualidad obtiene de modo tan "barato".

Laureano García, sin embargo, parece no haber entendido en absoluto este concepto, o bien intenta desviar la atención del lector tratando de asustarle con la cifra resultante de multiplicar los sueldos por el número de soldados y marineros que haría falta pagar en una tropa voluntaria. A ello conjeturaba erróneamente que yo respondería proponiendo una reducción del contingente. Precisamente, si algo está claro es que una tropa profesional es siempre mí is barata para todos que una de forzosos con el mismo número de hombres.

Dejemos que añada el autor todos los ceros que quiera hasta que se le vuelva loca la calculadora, pero la cuestión se reduce a algo muy simple: si no se quiere gastar uno el dinero en un Mercedes, se aguanta uno sin él, pero no lo roba. Y si tener un Mercedes es fundamental para la vida de uno (tan fundamental como se nos propone la existencia del ejército), se rasca uno el bolsillo y lo paga, que es lo honrado, lo justo y lo solidario, Y es que, como muy bien señalaba Laureano García en su artículo, aquí no hay más cera que la que arde. Y no hay nada más irritante que tener que escuchar la moralina de la solidaridad precisamente de boca de aquellos que son los más insolidarios, los que obligan a los jóvenes a jurar que darán todo por defender a la patria mientras que ellos no están dispuestos a soltar una peseta más para contribuir a esa defensa con su pequeño esfuerzo proporcional.

En el segundo de los artículos a que hacía alusión el director general (El ejército voluntario, EL PAÍS, 5 de octubre de 1994) se apuntaba lo cuestionable del argumento oficial según el cual dentro de pocos años no se podría contar con el suficiente número de alistamientos de hombres "en edad militar" (de 19 años, según aclaraba) para nutrir una tropa de voluntarios. Lo insostenible de tal argumento es la presunción de que sólo se reclutaría a hombres de 19 años para una tropa voluntaria. El ejemplo de la Guardia Civil, que recluta a hombres entre 18 y 30 años (igual que los ejércitos profesionales de otros países), no le parecía válido a Laureano García porque, según él, no querríamos tener una tropa de "abuelos en edad de prejubilación" (que los guardias le perdonen). Y mientras nos contaba esta historia, un anuncio a toda página en la Revista Española de Defensa invita a alistarse como voluntarios de la tropa y marinería profesionales a los jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Claro, también hay que aclarar lo engañoso del intento de presentarnos a los llamados soldados "profesionales" como auténticos voluntarios. Tales soldados "profesionales" no constituyen en realidad más que una subcategoría del reclutamiento forzoso, y son técnicamente denominados "voluntarios inducidos". El intento de hacernos creer que pronto tendremos media tropa "profesional" (léase voluntaria) es poco menos que un intento de tomar el pelo al ingenuo ciudadano. Es difícil calcular lo que ha costado el servicio militar obligatorio a la sociedad española a lo largo del tiempo. Hay coincidencia entre historiadores en que el abandono de los campos y el pago de rescates a que forzaba en el. siglo XIX fue causa de la ruina de la agricultura y de la incipiente clase media, con desastrosas consecuencias para el moderno desarrollo socioeconómico de este país. El sufrimiento y las vidas que ha costado son tan incalculables como injustificables, pues el servicio militar obligatorio no tiene más justificación real en última instancia que la de ahorrar dinero a unos cuantos a costa del sacrificio de otros. Por algo el ministro Serra usaba la expresión "ejército retribuido en su totalidad" para referirse al ejército voluntario, al que era radicalmente opuesto.

El servicio militar obligatorio, esa lepra de la libertad como lo llamaban los españoles del siglo XIX, es una idea cuyo tiempo ha pasado. Empeñarse en mantenerlo a toda costa convierte a quienes dicen representarnos en el. Parlamento en auténticos insumisos a la voluntad popular. Con su obcecación sólo hacen que aumente constantemente el número de hombres con el coraje suficiente para desobedecer una ley netamente inmoral que intenta convertirles en víctimas de la insolidaridad. De esa manera, los insumisos, luchan por una sociedad auténticamente solidaria.

Juan A. Herrero Brasas es profesor de Ética y Políticas Públicas en la Universidad Estatal de California y autor del libro Poder, retórica e insumisión.

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