El Gobierno mantiene la obligatoriedad en el pago las cuotas de las cámaras de comercio

Gobierno mantendrá las cuotas obligatorias que las empresas pagan a las cámaras de comercio. Esta decisión, que despeja la alarma sobre el futuro de las cámaras -muy extendida en el mundo empresarial-, fue adoptada el pasado lunes en una reunión entre el vicepresidente, Narcís Serra; el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el de Comercio, Javier Gómez-Navarro. El Ejecutivo ultima un proyecto de ley que reformula la ley de 1993 y que fue aprobada por consenso por todos los grupos parlamentarios.

La decisión del Gobierno despejará sin duda el futuro de las cámaras de comercio, muy comprometido desde que algunas grandes compañías han dejado de hacer efectivas sus cuotas o se encuentran enzarzadas en pleitos y recursos sobre las cantidades que deben pagar a sus cámaras territoriales. Esto ocurre desde que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales la afiliación y pago obligatorio de las cuotas de la Ley de 1991 y que se mantiene en la ley de 1993. La cuota que deben pagar. las empresas supone el 1,5% de recargo en el impuesto de sociedades. Es decir, que si una empresa gana 100 millones de pesetas debe pagar de impuesto de sociedades 35 millones de pesetas más 1,5 millones de pesetas a la cámara. Varias empresas han protestado. Es el, caso de Repsol, la empresa española de mayor volumen, de otras grandes compañías como Ford España y de varias empresas cementeras de origen familiar. Al finalizar el ejercicio pasado, el holding Repsol se negó a pagar a la Cámara de Madrid la altísima cuota que le corresponde por ley sobre el beneficio de su ejercicio consolidado. Recientemente, y después de negociaciones con la Cámara de Madrid, el grupo petroquímico semipúblico ha acordado que sean sus filiales las que satisfagan cada una por separado su cuota, lo cual reduce sustancialmente su aportación global.Muchas empresas que tenian que satisfacer su cuota. correspondiente a, 1993 a partir del pasado mes de julio congelaron el pago al conocer la sentencia. Durante los últimos meses, en los plenos de las principales cámaras españolas -Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona- se ha puesto de manifiesto, además, qué muchas empresas no tienen intención de pagar la cuota de este ejercicio. Para hacer frente a la crisis financiera que ya soportan algunas cámaras, que se acentuará mucho más al cumplirse el plazo de pago correspondiente a 1994, el Gobierno concederá un aval de 11.700 millones de pesetas a las 83 cámaras de comercio que existen en España. Este aval irá con cargo a los Presupuestos de 1995.La actitud contraria a satisfacer las cuotas que mantienen empresas de tamaño grande y mediano se fundamenta en que los servicios ofrecidos por las cámaras van dirigidos fundamentalmente a las pequeñas empresas. Pero es precisamente este cáracter distributivo de las cuotas lo que empuja al Gobierno a mantener la obligatoriedad. La morosidad de las cámaras en 1994 llegó al 60%.Regate al Constitucional

El nuevo texto precisamente trata de hacer un regate al Constitucional y dar más contenido real a las cámaras como prestadoras de servicios a todas las empresas. Entre las nuevas funciones se intenta que gestionen el registro de sociedades de grupos de compras. Asimismo, se pretende que las comunidades autónomas les traspasen la gestión del registro de comercio. Por ello, las Comunidades Autónimas se incorporarán al Consejo Superior de Cámaras. Además, reforzarán su carácter de apoyo a la exportación.El plan de reestructuración que pretende dar un mayor contenido a las cámaras y curarse en salud ante lo que puede decir el Constitucional sobre la Ley de 1993, también prevé que que las cámaras ofrezcan unos servicios mínimos a las empresas y obligará a aquellas cámaras que no puedan dar esos servicios por su dimensión a que se fusiones o bien a desaparecer. Esto acarreará una reasignación de recursos y sobre todo puede dar al traste con muchas cámaras de las 83 existentes en España.

La CEOE ha mantenido en los últimos años una actitud beligerante ante la obligatoriedad del pago de cuotas por parte de las empresas.