El PNV denuncia en Bruselas "el monopolio de ENDESA"

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha denunciado ante la Comisión Europea las "prácticas monopolísticas por parte del sistema eléctrico español y más concretamente de la empresa pública ENDESA", en palabras del europarlamentario nacionalista Josu Jon Imaz. El eurodiputado vasco considera que los apartados de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), aprobada en 1994, referidos ala explotación unificada, la planificación eléctrica y la retribución en base a costes estándares, "van en contra de la competitividad de la tarifa [eléctrica] y de las más elementales directivas del mercado único".Los nacionalistas vascos apelan al artículo tres del Tratado de la UE -en el que se consagra la supresión de los obstáculos a la libre circulación- para que la Comisión adopte "medidas para facilitar al sector. industrial español el acceso al suministro eléctrico en condiciones de tarifa marcadas por el mercado y libres de controles monopolísticos".

En el fondo de la denuncia, lo que el PNV plantea es la garantía de que los industriales accedan a la energía eléctrica con tarifas de mercado y no se falsee la competencia en el mercado interior español. El elevado precio del kilowatio para uso industrial ha sido uno de los banderines enarbolados públicamente por el PNV y por su presidente Xabier Arzalluz durante los últimos años.

Fuentes de Industria señalaron que la petición de Imaz es "un paso más en la estrategia de confrontación que mantienen las instituciones vascas con el Estado. Las autoridades energéticas de Euskadi pretenden tener una tarifa española pero con una regulación estrictamente vasca". Las mismas fuentes informaron que la confrontación del PNV con el Estado se produce porque las autoridades vascas pretenten instalar dos plantas de producción de energía eléctrica a partir de la incineración de residuos de 120 y 170 megawatios, tina potencia que está fuera de las posibilidades del resto de la industria española. Ambos proyectos suponen una subvención implícita de 30.000 millones, con unos beneficios para la Hacienda vasca de unos 3.000 millones.