"El fraude es un problema de insolidaridad"

Juana María Lázaro, el rostro público de la Agencia Tributaria, asegura que está encantada con pagar impuestos. Lo considera, incluso, un privilegio porque representa una carta de ciudadanía. Es consciente, sin embargo, de que no todo el mundo opina igual. A quienes se afanan en no contribuir les dice, que no hagan trampas a los demás: El fraude, argumenta, es, sobre todo, un problema de insolidaridad. Concienciar de ello a todos e investigar el fraude para buscar la máxima eficacia es, según explica, el hilo conductor del plan de medidas contra el fraude aprobado recientemente por el Gobierno. Ésta es la enorme tarea que la directora general de la Agencia Tributaria, una mujer con voluntad de hierro, se ha propuesto.

Pregunta. ¿El plan contra el fraude es sólo una operación de imagen? ¿Es que antes no había una estrategia?

Respuesta. Las medidas contra el fraude son consecuencia de una decisión muy meditada del Gobierno en base al informe de la comisión de expertos y con, el objetivo de ganar eficacia. No es, en absoluto, una operación de imagen. Tampoco es algo completamente nuevo. Siempre hemos luchado contra el fraude. Lo que ocurre es que las condiciones económicas cambian y hay que estar perfectamente al día.

P. ¿No le parece una exageración las 448 medidas del plan contra el fraude?

R. La gente no se debe asustar ni del número de medidas ni de la capacidad para llevarlas adelante. Se ha hecho un esfuerzo en toda la administración para realizar una autocrítica interna y, además, la hemos hecho pública. La gente sabe que es un privilegio pagar impuestos. Yo misma estoy encantada con pagar. Pagar impuestos no sólo te da derecho a exigir servicios; es una actitud solidaria. No nos interesa tanto la represión como el facilitar a los contribuyentes sus obligaciones.

P. Se ha valorado el fraude en unos tres billones. de pesetas, ¿con este plan la cifra puede disminuir?

P. La cuantía del fraude siempre es variable en función de los parámetros que utilices. Pero pensar que en cualquier sociedad no va a existir fraude sería deseable, pero es bastante utópico. En teoría, todas las medidas contra el fraude tienen que tender a corregir el fraude. Pero pensamos que en la medida en que la lucha sea más eficaz el ciudadano cumplirá en general mejor y de forma voluntaria con sus obligaciones.

P. ¿No cree que es desmoralizador un fraude tan elevado?

R. Si preguntas a la gente te dirá que está en contra del fraude aunque a la vez lo esté praeticando. Parece que nos molesta el fraude de los demás pero no valoramos igual el nuestro. En todo caso, el fraude es un problema de insolidaridad. El señor que defrauda tiene que saber que no está defraudando al Estado sino a los demás ciudadanos.

P. ¿Qué medidas se van a tomar en el sector financiero?

R. Sobre el sector financiero ya venimos realizando un control preventivo en los últimos años. Ahora, de lo que se trata, es de estudiar si las entidades financieras, de forma voluntaria, pueden plantear ante Hacienda una consulta vinculante para que quede claro desde un principio cuál es el tratamiento fiscal de los nuevos productos.

P. ¿Se van, a ampliar las obligaciones de información?

R. Bucamos, sobre todo, este control preventivo y una mejora técnica en las declaraciones informativas que los bancos tienen obligación de remitir a Hacienda a efectos de que se produzcan los menores errores posibles.

P. ¿Con qué criterios se va a elaborar el censo de 5.000 ricos y famosos?

R. Se trata de una actuación únicamente preventiva sobre personas que por su relevancia desde el punto de vista de su patrimonio, ingresos y otros parámetros hay que controlar. No entiendo por qué ha sorprendido tanto esta medida. Parece claro que no podemos tratar igual a las personas que perciben rentas del trabajo que aquellas otras cuyos ingresos no son controlables.

P. ¿En qué consistirá el control sobre proveedores y clientes de empresarios en módulos?

R. Hemos detectado que estos sectores han disminuido su volumen de ventas o de gastos tras la implantación de los módulos. Lo que estamos haciendo es investigarles porque sospechamos que se está utilizando para reducir bases imponibles.

P. ¿Y los profesionales?

R. Este año hemos reforzado los planes de inspección con la creación de cinco unidades de investigación para este sector.

P. ¿No considera irregular suspender mediante una instrucción las sanciones por fraude?

R. Hemos buscado, sobre todo, la eficacia. La rebaja del procedimiento sancionador en la reforma parcial de la Ley General Tributaria ha provocado un efecto anuncio y una gran cantidad de recursos que hemos querido evitar. Además, se trata de que todos, tanto los que están asesorados como los que no, estén perfectamente informados.

P. ¿Puede suponer una pérdida de eficacia que tanto inspectores como gestores puedan hacer las mismas tareas?

R. No existe ningún problema en ello. El inspector puede estar tanto en tareas de gestión como de inspección. Todo es igual de importante. Hay el mismo fraude con una devolución mal gestionada que con un ingreso no declarado.

P. La nueva regulación de las liquidaciones provisionales y las comprobaciones abreviadas ¿pueden generar indefensión en los contribuyentes?

R. La capacidad de defensa es la misma que ante una inspección. Tenemos que comprobar por igual a todo el mundo: a los pequeños y a los grandes contribuyentes. Debemos aprovechar para ello toldo el caudal de informacion de que disponemos.

P. ¿No cree que dejar el límite de delito fiscal en cinco millones de pesetas está desfasado?

R. Es un tema que ahora está en el Parlamento y yo no quiero influir. Pero, en mi opinión, sería conveniente distinguir entre diversos tipos de delito. No es lo mismo cinco millones de pesetas en renta que en sociedades.