Garzón interroga a Amedo y Domíguez tras recuperar el 'caso GAL'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogó ayer de nuevo a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. Fue la primera actuación del magistrado tras haber recuperado su jurisdicción sobre el caso GAL. La comparecencia de los dos arrepentidos estaba prevista por la mañana, pero se celebró por la tarde por ausencia del abogado de ambos. Horas antes, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictaminaba que los seis magistrados que firmaron un manifiesto so bre los GAL no han incurrido en falta grave. El Poder Judicial ha archivado la denuncia contra ellos presentada por el diputado socialista y ex ministro del Interior José Barrionuevo.

Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez acudieron en la mañana de ayer a la Audiencia Nacional para realizar una comparecencia a requerimiento, según Amedo, del juez Baltasar Garzón. Los ex policías permanecieron en dependencias judiciales hora y media, pero no declararon por ausencia del abogado de ambos, Jorge Manrique. Por la tarde los dos se personaron de nuevo en la Audiencia, ya en compañía de su letrado. Según fuentes jurídicas, esta nueva declaración podría estar relacionada con las cuentas corrientes que los dos tienen en Suiza.En los próximos días el juez podría llamar también, según las mismas fuentes, al comandante de la Guardia Civil Félix Hernando y al comisario Aníbal Machín, en relación con la supuesta entrega de 200 millones de pesetas, pertenecientes a los fondos reservados, a las esposas de Amedo y Domínguez.

En su día, Amedo y Domínguez declararon que Hernando y Machín entregaron a las esposas de aquéllos dinero en Suiza en tres ocasiones. Una cuarta entrega la habría hecho, según ellos, Juan de Justo, secretario de Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad. De Justo está en prisión desde el 9 de enero.

Además, Garzón ha levantado el secreto del sumario en lo referente a nuevas pruebas periciales practicadas sobre dos documentos de los GAL atribuidos al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal y al ex jefe de la Brigada de Información de la Policía de Bilbao Miguel Planchuelo. Los informes, elaborados por psicólogos y catedráticos de Medicina Legal de Madrid y Valencia a petición de Garzón, señalan que ambos mandos policiales intervinieron en la escritura de los documentos, según las mismas fuentes judiciales.

La letra de Planchuelo

Los nuevos análisis coinciden con los elaborados anteriormente por miembros de la Asociación Nacional de Peritos Caligráficos, en los que se afirmaba que Sancristóbal escribió las palabras "los implicados", añadidas en un comunicado en que los GAL se atribuían el secuestro de Segundo Marey. Asimismo, establecen que otro comunicado de los GAL en el que asumían un atentado contra dos miembros de ETA está suscrito por Miguel Planchuelo.

Simultáneamente, Garzón envió ayer dos oficios a los directores de las oficinas bancarias en las que tienen domicilia das sus nóminas los policías Francisco Saiz Oceja y Julio Hierro, a quienes levanta parcialmente, hasta una determinada cantidad mensual, el embargo que había decretado cuando ordenó el ingreso de ambos en prisión, informa, Europa Press.

En cuanto a la denuncia de Barrionuevo archivada por el Consejo del Poder Judicial, se refería a un manifiesto suscrito por intelectuales y profesionales, entre ellos los magistrados en ejercicio Perfecto Andrés Ibáñez, Alberto Jorge Barreiro, Manuela Carmena Castrillo, Jesús Fernández Entralgo, Ramón Sáez Valcárcel y José Antonio Alonso.

El texto decía que "carecen de toda credibilidad las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad política en la creación de los GAL" y aseguraba que los "despropósitos" cometidos en aquellos años "quedan ahora en evidencia cuando las personas -incluido el propio ministro de entonces, José Barrionuevo- que hoy se ven acusadas por los ex policías Amedo y Domínguez, en el juicio en que éstos se vieron condenados, los presentaron como policías ejemplares, de los que les parecía inverosímil que hubieran cometido delito alguno". Barrionuevo se quejó al CGPJ de que tales magistrados habían incurrido en falta grave, de acuerdo con el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.