Tudor, con las pilas gastadas

El panorama en la factoría Tudor, situada a unos pocos kilómetros de la plaza del Pilar, en la carretera de Zaragoza a Logroño, ha cambiado radicalmente tras reincorporarse los trabajadores del paréntesis navideño. El director de la planta lleva ahora guardaespaldas y los vigilantes de seguridad tienen cara de antidisturbios. Sin embargo, los 232 miembros de plantilla parecen haberse quedado sin pilas y en sus manifestaciones no destilan agresividad, sino una mezcla de sorpresa y preocupación, y, sobre todo, de incredulidad ante lo que se les viene encima.Ralston, que tiene diversificada su gama de productos entre la alimentación y la energía, decidió cruzar el Atlántico en dirección a España mediada la década de los ochenta. Poco a poco extendió sus tentáculos por el viejo continente y tras recalar en Gran Bretaña y Francia, fundamentalmente, cruzó los Pirineos, justo cuando en España se empezaba a cocinar lo que algún político denominó como el souflé del 92.

En realidad, su llegada a Zaragoza fue un poco antes, en pleno desarrollo de la Corporación Industrial Banesto, a quien pagó unos 6.000 millones de pesetas por Tudor. La llegada de los nuevos inversores se vio como un respaldo a los entre 400 y 600 millones de pesetas de beneficios, que por entonces se reseñaban en los balances de Tudor.

Curiosamente, en tres años los nuevos dueños aseguran que las pérdidas ahora acumuladas superan los 2.300 millones de pesetas. Desde el Gobierno regional se avala, sin embargo, la opinión de los representantes de los trabajadores de que estas cifras no tienen nada que ver con la realidad. En estas partidas se cargarían los resultados negativos de otras plantas y conceptos totalmente contradictorios con el pago de las amortizaciones que han tenido que realizarse al ritmo de 1.500 millones anuales, para hacer frente al crédito concedido por una entidad financiera noreuropea en el momento de la compra.

Poco interés

Descartado queda, pues, por sindicatos y expertos, el argumento financiero, al que habría que añadir el poco interés demostrado por la dirección por emplear a fondo la capacidad de la factoría de Zaragoza, ni por readaptarla a las nuevas demandas del mercado. En la empresa existe plena capacitación, tanto de la mano de obra como de las instalaciones, para fabricar pilas y baterías con denominación "ecológica", es decir, sin el empleo de materiales pesados.

Otro elemento de análisis es la decisión adoptada, ahora hace un año y que entonces no se valoró en este contexto, por Ralston de reducir la plantilla de Tudor en unos 50 empleos, so pretexto de suspender la fabricación de pilas alcalinas. Curiosamente, meses después la tecnología de fabricación de estos productos se trasladaba a las plantas que la multinacional tiene en Japón y Brasil, según los trabajadores.

La hipótesis de un "cerrojazo" por meras razones estratégicas, empieza así a tomar cuerpo, en un caso similar al de Gillette. Tras las primeras declaraciones de los encargados de cerrar la planta (el mismo equipo de letrados y expertos en comunicación que gestionó para Gillette los planes desmanteladores en Andalucía), quienes han celebrado ya conversaciones con ellos aseguran que se va vislumbrando una estrategia fabricada de antiguo y cuyo único fin sería el del ahogamiento del competidor. Se pretende aprovechar la red comercial para distribuir el producto estrella de la compañía, la pilas que llegan al mercado bajo el nombre de Energizer.

El conflicto ha llevado a los representantes de los trabajadores a mirar hacia otras plantas europeas de fabricación de pilas y comprobar con estupor que Ralston ha procedido ya a la supresión de media docena de centros de trabajo previamente adquiridos en países comunitarios, siempre en el plazo de unos tres años desde su entrada en las factorías; un periodo que se cumple, justo ahora, en el caso español.

La multinacional se niega en rotundo a negociar un acuerdo que vía ayudas económicas o, creación de una Sociedad Anónima Laboral, permita permanecer a Tudor en el mercado. Igualmente, no acepta las propuestas del Gobierno regional de transformar la planta aragonesa para su elaboración de productos más acorde con las demandas del mercado. Su pretensión es eliminar de raíz cualquier vestigio de competencia.

El único temario que admiten discutir -la próxima cita está convocada para el martes- son las condiciones de rescisión de los contratos.