Una década de 'números rojos'

Los últimos datos elaborados sobre las empresas públicas y la política industrial pintan un paisaje ruinoso. En los últimos 10 años, el coste acumulado de las sociedades con pérdidas dependientes del Estado es de casi 23 billones. Esta cantidad se obtiene sumando las pérdidas, las transferencias de capital, las subvenciones y las ayudas industriales, todo ello en pesetas de 1994.La próxima privatización de grandes empresas públicas (Repsol, Argentaria, Telefónica, Aldeasa...) abrirá de nuevo el debate sobre el tamaño del sector empresarial público español. Entre 1984 y 1993, las empresas públicas han tenido como media unas pérdidas anuales de 484.000 millones de pesetas, han recibido unas subvenciones de 734.000 millones cada año, han percibido unas transferencias de capital de 645.000 millones (media anual) y se les ha inyectado, en concepto de ayudas de política industrial, 433.000 millones.

El coste acumulado en los últimos diez años (1984-1993) arroja la cifra de 22,9 billones de pesetas. En ese periodo, las empresas han recibido subvenciones por importe de 7,34 billones de pesetas (de 1994) y otros 6,45 billones en transferencias de capital.

La cifra acumulada de pérdidas es de 4,84 billones. Además, han recibido 4,33 billones de pesetas en concepto de ayudas públicas para estimular la actividad industrial. La suma de estas cargas durante el decenio arroja la cifra menciona da de casi 23 billones.

Cabe matizar que en periodos de prosperidad económica, la diferencia entre las pérdidas y las ganancias arrojan un beneficio para el sector público. Sucedió en plena recuperación; entre 1987 y 1990, ambos inclusive, obtuvieron un saldo neto positivo de 728.400 millones en el cuatrienlo, tal como se aprecia en el gráfico 3 (siempre en pesetas de 1994).

Tal panorama parece dibujar un coste excesivo para el Estado, equivalente cada año al 4,5% del PIB aproximadamente. La discusión actual sobre la necesidad de reducir el déficit del sector público conduce inevitablemente a la discusión sobre el coste de las empresas públicas; medido con este o con cualquier otro método, es evidente que un ámbito donde se pueden conseguir recortes importantes del gasto es en las empresas públicas.

A pesar de las declaraciones de principios, el sector empresarial público ni se ha reducido, ni se ha ordenado ni se ha rentabilizado en el último decenio. Solamente se han abordado con éxito las privatizaciones parciales de las sociedades rentables, que compiten satisfactoriamente con las empresas privadas -Repsol, Endesa, Argentaria- y ventas a un coste muy elevado. como Seat y ENASA. A cambio, sociedades como Iberia han entrado en pérdidas de forma prácticamente irremediable.

El esfuerzo de racionalización, definido en la época de Claudio Aranzadi, exigía que las empresas públicas (el INI en este caso) obtuviesen durante la fase alcista del ciclo económico un volumen de beneficios superior a las pérdidas acumuladas durante la fase depresiva. Este encauzamiento, que implícaba a su vez un esfuerzo para cerrar empresas y recortar pérdidas, no se ha producido en los últimos 10 años. Cuando la economía empeora, el conjunto de: las empresas públicas se desliza de forma casi automática hacia pérdidas cuantiosas, casi siempre superiores al medio billón anual, y a la financiación directa y exclusiva desde los Presupuestos Generales del Estado. Esta dependencia casi enfermiza del ciclo económico es una condición importante de la política económica e industrial aplicada a las empresas públicas. El periodo de recuperación económica que se avecina es el momento adecuado, según los expertos consultados, para ejecutar una drástica reducción del número de empresas públicas, antes de que la economía, pasado el siguiente trienio, inicie otra fase descendente.

La incapacidad para reducir el peso del coste de las empresas públicas tiene como resultado, además, que el Instituto Nacional de Industria (INI) siga dependiendo directamente de la aportación estatal, a pesar de las continuadas aseveraciones de sus dirigentes al final de la década pasada de que tendría una vida financiera autónoma a partir de 1990. El INI, el grupo público más importante del pais, sigue conectado directamente al Presupuesto con una apelación mínima de partida superior a los 100.000 millones de pesetas anuales durante los últimos tres ejercicios.

Las sucesivas reestructuraciones producidas en el INI, con la distinción artificiosa entre empresas que ganan (prácticamente sólo Endesa) y empresas que pierden (el resto) tampoco ha introducido un auténtico instrumento corrector en el sistema empresarial público. La gestión no ha mejorado, las pérdidas se explican sistemáticamente por factores externos y no hay decisiones significativas para reducir el peso de las pérdidas. Simplemente se atribuyen al empeoramniento de la coyuntura como única explicación.

Uno de los factores que habitualmente se mencionan para explicar el opresivo coste de las empresas públicas en España

[de las que tienen pérdidas de forma sistemática] es el coste salarial más elevado (como se aprecia en el gráfico número 7) y el enorme volumen de pagos que ha requerido la reconversión industrial. Este coste es superior en la empresa pública por varias razones. La primera es la acumulación de derechos salariales adquiridos en el segmento fijo del salario del trabajador público.

Este coste sería directamente imputable, según algunos analistas, al peso que tienen los sindicatos en las empresas públicas. También a una negociación laboral más relajada y al cumplimiento estricto de los traslados de convenios sectoriales a la empresa.

El segundo factor es el elevado coste laboral de la reconversión en las empresas públicas. Los cálculos de los expertos aseguran que la indemnización por despido en los grupos públicos es, como media, entre el 20% y el 25% superior a la compensación media pagada en el sector privado. El Estado se. garantiza así el éxito de sus propuestas de reconversión, con la Consiguiente tranquilidad política, a cambio de costes muy elevados para el erario público.

La evolución de las estadísticas de asunción de deuda por parte del Estado (como parte de la política industrial, en los gráficos 5 y 6) muestra la importancia de este coste, asociado a la reconversión. En 1982 y 1983, en plena fase de reconversión, el Estado se vio obligado a asumir deudas por importe de 263.000 millones y 160.600 millones respectivamente; esta fase de reconversión de las empresas públicas concluiría en 1985, ejercicio que pasó factura al Estado por este concepto en 480.000 millones (siempre en pesetas de 1994). Nadie está en disposición de garantizar que habrá que pagar de nuevo los costes de otra reconversión en el futuro, en los mismos sectores o en otros.