PSV incurrió en "dejación de responsabilidades", según la intervención
Los interventores judiciales creen que la crisis financiera de PSV, que llevó a la cooperativa de viviendas a la suspensión de pagos a finales de 1993, se debió a sus irregulares relaciones con su gestora IGS. La antigua dirección de la cooperativa incurrió, según el dictamen, en "falta de control" en las transferencias de fondos a IGS y en "dejación de responsabilidades" a la hora de reclamar las deudas de la gestora. El desfase resultante -que se estimó inicialmente en 8.700 millones- ha podido ser cubierto durante el último año.
Los interventores, Alejandro Latorre, Antonio Moreno y Santiago Oliveros, resaltan la existencia de irregularidades en las actas y libros de la cooperativa, falta de información a los socios y confusión de las cuentas y objetivos de IGS y de PSV. Los problemas de contabilidad de la cooperativa derivaban, precisamente, de los 8.700 millones que IGS le debía. De esa cantidad, IGS sólo devolverá 2.500 millones. La derrama del 7% aportada por los cooperativistas cubrirá otros 6.000. Y el resto -un pequeño agujero de 129 millones- lo pondrá UGT renunciando a cobrar 211 de los 1.211 millones que PSV debe al sindicato. Con todo ello, la cooperativa ha acabado con un superávit de 82 millones, lo que permitirá dar paso al convenio de acreedores y liquidar el proyecto.
La situación es distinta en IGS, declarada en insolvencia definitiva debido a que presenta un agujero -desfase entre el activo y el pasivo- superior a los 14.000 millones de pesetas. La actual dirección de la cooperativa quiere cubrir este desfase mediante el impago de la deuda que IGS tiene con PSV y UGT. Ello le costará unos 8.000 millones al sindicato y unos 6.000 a PSV -justamente, el importe de la derrama de los cooperativistas-.
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